El malestar del Gobierno por el cambio de sede social de Ferrovial se profundiza. Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, hacía uso este fin de semana de su rol de vicepresidenta tercera para dejar caer que están valorando recurrir a la famosa "ley antiopas" para la 'fuga' a Países Bajos del gigante de las infraestructuras de la familia Del Pino. Una opción de la que se desmarcan otros miembros económicos del Gobierno porque se considera que tiene poco recorrido. Pretende, según detallan fuentes conocedoras del proceso a Vozpópuli, hacer efecto sobre los pequeños inversores de la compañía.

Ferrovial sólo pone una condición para que su filial holandesa no devore la matriz española: que aproximadamente el 2,63% del capital rechace la decisión. O, lo que es lo mismo, que el 97,37% del accionariado vote a favor de este plan. En relación a sendas cifras, hay que tener en cuenta que el 33% de la compañía está en manos de la familia Del Pino y otro 12%, entre los tres grandes fondos que han respaldado el proceso (BlackRock, Lazard y TCI).

Es decir, la baza del Gobierno es asustar a la otra mitad de los accionistas de Ferrovial. Fundamentalmente, al 7-10% de los pequeños accionistas de origen español que se registran en el capital, según los datos que maneja la compañía. La campaña de descrédito de Moncloa al cambio de sede que propone el consejo de Ferrovial se inició tachando a los Del Pino de "antipatrióticos", pidiendo que devolvieran los ingresos por "todas las adjudicaciones en España". Paralelamente, se ha puesto el foco sobre los potenciales privilegios fiscales y, el último movimiento, es dejar caer que existen argumentos legales para frenar la operación con su ley para proteger sector estratégicos en la crisis.

"Ferrovial no es un sector estratégico (...) menos por escasa cifra de negocio en España (...) No se trata de una OPA ni de un cambio en la propiedad", explican distintas fuentes del mercado sobre la aplicación que pueda tener la ley antiopas a Ferrovial

"Ferrovial no es un sector estratégico", comentan fuentes del sector. "Menos por escasa cifra de negocio en España", añaden las mismas fuentes. "No se trata de una OPA ni de un cambio en la propiedad", inciden otros informantes. "Esta opción vulnera, absolutamente, el principio de libre circulación e instalación de los tratados de la Unión Europea", exponen expertos judiciales. "La medida no tendría recorrido en la Comisión Europea ni en los tribunales", puntualizan. Esa amenaza, basada en que la ley deja una ínfima y genérica rendija abierta a cualquier operación que involucre capital internacional, se interpreta entre los que siguen el caso como un nuevo movimiento para influir en la opinión pública. Y, sobre todo, en aquellos shareholders más sensibles al riesgo patriótico.

El Gobierno tiene tiempo para asustar

Los accionistas de Ferrovial que quieran votar en contra del traslado de su sede de Madrid a Ámsterdam dependen de la próxima Junta General de Accionistas. Estos pequeños dueños de la compañía podrán ejercer su derecho de separación en el plazo de un mes desde que se conozca la fecha y los acuerdos de esta junta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Presumiblemente, la Junta se celebraría en el mes de abril, de modo que el plazo de oposición podría acabar a mediados de mayo.

Los accionistas que no quieran formar parte de este proceso recibirán 26 euros por cada acción, que es el promedio de cotización los últimos tres meses antes del anuncio de la fusión. Para que la operación salga adelante, la obligación que ha anunciado Ferrovial es que la compensación a los dueños que opten por este derecho de separación, que es como se llama esta alternativa, no supere los 500 millones de euros. Lo que implica que la operación pende de que el 2,5-2,6% del capital no se oponga.

"Parece complicado pensar en ese escenario, ya que la acción está hoy por encima de los 27 euros; sería muy raro que prefieran vender a 26 euros y frenar la operación"

"Parece complicado pensar en ese escenario, ya que la acción está hoy por encima de los 27 euros; sería muy raro que prefieran vender a 26 euros y frenar la operación", apuntan fuentes del mercado. Este lunes, tras la última 'amenaza' del Gobierno, las acciones de la constructora frenaron su tendencia alcista con un retroceso del 0,44%, pero la acción acabó igualmente en los 27,46 euros, lejos del umbral temido por la familia Del Pino al calor de la espiral alcista y sostenida que la compañía lleva meses experimentando.

Empero, desde el propio Ejecutivo no han dudado en utilizar la misma evolución de las acciones como arma arrojadiza contra el traslado a Países Bajos. En este sentido, la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, ha incidido en que en la primera reacción del mercado fue de un "cero coma algo por ciento" -en positivo para la compañía-. "Yo creo que el mercado no ha integrado de una manera sustantiva este cambio, lo cual contribuye a la evaluación de que no se entienden los argumentos que se han esgrimido", ha incidido la vicepresidenta.

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