El 28 de febrero vuelven los hombres de negro a vigilar el cumplimiento de los compromisos del segundo tramo del Plan de Recuperación, con la reforma de las pensiones en el punto de mira. En juego, los 14.000 millones de euros a que aspira el Gobierno en esta fase, más complicada que la primera, porque entran en liza reformas ya desarrolladas casi por completo para el Plan, entre julio y 31 de diciembre de 2021, a diferencia del primer tramo, que se dedicaba a enumerar proyectos ya aprobadas o con la tramitación avanzada. Las reformas estrella de este tramo son la laboral y la de las pensiones, si bien la que más problemas puede plantear es la de las pensiones, ya que hay dudas sobre sus sostenibilidad y no se ha logrado con acuerdo de los agentes sociales.
Se trata de la segunda visita de los hombres de negro después de la del pasado octubre en la que fiscalizaron el primer tramo, en un contexto en el que el Gobierno subraya que el contacto con la Comisión Europea es constante. La inquietud en los Ministerios ahora mismo es grande, según trasladan fuentes conocedoras. Se acaba de entrar en una fase de control en la que la Intervención General del Estado (IGAE) y las Intervenciones de las comunidades autónomas están fiscalizando la gestión del Plan, según ha comentado Miguel González Suela, subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en una jornada sobre el Plan de Recuperación organizada por EY.
Pero el plato fuerte es la visita de los hombres de negro, que se produce en paralelo a la preparación del Gobierno de todo el procedimiento para plantear la petición de este segundo desembolso. Y es que según establecen los distintos acuerdos y decisiones que desarrollan el Plan, la Comisión Europea va a entrar en el análisis del alcance de las reformas propuestas. El sistema de análisis se apoya en lo previsto en el artículo 27 del Reglamento. Como desarrollo de esa obligación de reportar sobre el alcance de las reformas e inversiones, se estará a los dispuesto en la Decisión de Ejecución del Consejo, que define con detalle el alcance de cada una de las inversiones y reformas. Para el caso de las pensiones, el compromiso es alcanzar lo dispuesto en el punto 22 de ese documento, en línea con el detalle de las reformas a alcanzar en ese Componente 30, Pensiones.
La consecuencia de que la Comisión Europea valorara el que, incluso habiendo reportado de su cumplimiento, el alcance de las reformas no fuera el comprometido, es que podría no validar el pago del desembolso correspondiente al semestre en que dicha reforma debiera haberse alcanzado, es decir, que se paralizaría el calendario de pagos de la Comisión para España. En conclusión, no basta con reportar sobre el cumplimiento de una inversión o reforma, sino que la Comisión Europea verificará que la misma ha alcanzado lo previsto en la Decisión de Ejecución. De hecho, desde la Comisión Europea se ha trasladado que recomiendan a los ejecutivos comunitarios no pedir todo el dinero de un tramo si las reformas no están completamente ejecutadas o según el compromiso adquirido y así evitar que haya que denegarlo.
La reforma laboral plantea menos problemas ya que cumple en principio los objetivos marcados y se ha cerrado con acuerdo de todos los agentes sociales. A la espera del pronunciamiento formal de la Comisión, ya ha habido declaraciones informales favorables. Sin embargo, la reforma de las pensiones no cumple en su clave de bóveda el compromiso adquirido con Bruselas: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pretende hacer sostenible una reforma que liga el alza de las pensiones al IPC, hace aguas, según han advertido el FMI, la OCDE, el Banco de España, Standard & Poor´s, BBVA o Fedea.
Se trata de un alza de cotizaciones sociales de 0,6 puntos entre 2023 y 2032 de la que 0,5 puntos recaen sobre las empresas y cuyo impacto recaudatorio el Gobierno ha ido rebajando. De 50.000 millones previstos pasó a 42.000 millones para José Luis Escrivá y, finalmente, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la rebajó hace poco a 30.000 millones. Los expertos dudan de que reúna más de 20.000 millones.
Debe garantizar la equidad
"El diseño final de esta y otras reformas que se están debatiendo con los interlocutores sociales, como el nuevo mecanismo de flexibilidad y estabilidad en el mercado laboral, debe ser compatible con la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo de las finanzas públicas", advierte el Consejo Europeo.
Y subraya que se debe aprobar "un mecanismo que garantice la equidad intergeneracional y la sostenibilidad presupuestaria mediante la adaptación a los cambios". Tampoco está claro que el MEI, a pesar de su nombre, garantice la equidad intergeneracional, lo que los organismos que dudan de su sostenibilidad también han planteado, ya que creen, como CEOE, que perjudica a los más jóvenes.
A esto se añade que este Mecanismo se acordó entre Gobierno y sindicatos a espaldas de CEOE, con lo que no cumple con el requisito de que estas medidas sociales tengan el aval de los agentes sociales. Una ausencia a la que el Ejecutivo quitaba importancia en el caso de la reforma laboral cuando el acuerdo parecía muy lejano el pasado noviembre, pero que ahora que se ha logrado subraya sin cortapisas, como hizo ayer mismo la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Este equipo de la Comisión Europea que desembarcará a finales de mes a trabajar sobre el terreno está reforzado además por su Task Force en España, que lidera Paz Guzmán, y que vigila los anuncios del Gobierno, los Consejos de Ministros, el BOE y lo que publican los medios para controlar la implementación de las reformas.
