Las empresas con un tipo efectivo inferior al 15% que tengan inmuebles y empleados en los Estados miembros tendrán una rebaja impositiva. Así lo establece la propuesta de Directiva de la Comisión Europea para adaptarse al acuerdo de la OCDE sobre una tasa mínima global para multinacionales del 15% en 2023, que aunque dice que sigue punto por punto lo pactado por el G-20 y la Organización de países desarrollados en aras de que la adaptación comunitaria se haga de manera rápida y armonizada, sí introduce algunos cambios. Además de esta mejora para las empresas, se endurecen las reglas de la OCDE en un punto, ya que se extiende la sujeción al tipo mínimo no sólo a filiales extranjeras sino a filiales del propio país.
El alivio fiscal para empresas que tributen por debajo del 15% consistirá en que podrán excluir del impuesto complementario que deben pagar para llegar al 15% el 5% del valor de los activos tangibles, como los inmuebles, y el 5% del coste de las nóminas. Esta medida premia la presencia real y la actividad con impacto económico de las empresas en los Estados miembros, precisamente los objetivos de la iniciativa de la OCDE BEPS contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios.
Estas exenciones serán durante los primeros 10 años del 8% del valor neto contable de los activos tangibles y del 10% del coste de nóminas. Para los activos tangibles, la tasa se reduce anualmente un 0,2% durante los primeros cinco años y un 0,4% durante el período restante. Para las nóminas, la tasa desciende anualmente un 0,2% durante los primeros cinco años y un 0,8% durante el período restante.
Sectores exentos
El acuerdo excluye de estos cálculos los ingresos obtenidos en el transporte marítimo internacional, ya que esta industria en particular está sujeta a normas fiscales especiales. La propuesta de Directiva afectará a compañías con ingresos de más de 750 millones y con una filial o empresa subsidiaria en algún Estado miembro de la UE. El tipo mínimo se calculará para cada país y sobre resultado contable. Si un Estado miembro tuviera un tipo mínimo por debajo el 15%, la diferencia se pagará a la Administración Tributaria donde esté la matriz de la empresa
En cuanto a las empresas exentas de cumplir con el tipo mínimo del 15%, la Comisión sigue las directrices de la OCDE y exime a entidades gubernamentales, las organizaciones internacionales o sin ánimo de lucro, los fondos de pensiones o los fondos de inversión que sean entidades matrices de un grupo multinacional.
La propuesta incluye la novedad de que se extiende la sujeción al tipo mínimo no sólo a filiales extranjeras sino a filiales del propio país, lo que se hace para que la norma no sea discriminatoria respecto a la libertad de establecimiento en la UE, explica Jon Díaz de Durana, asociado principal de Deloitte Legal.
La reforma, en manos de Chipre
Con respecto a los tiempos, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha defendido que el planteamiento se discutirá en el encuentro de ministros de Finanzas de la UE en enero, con la vista puesta en la adopción de un acuerdo durante la presidencia francesa del Consejo, en el primer semestre de 2022. Todo con la idea de cumplir el objetivo de que entre en vigor en 2023.
Para su implementación, los Estados miembros deberán llegar a un acuerdo unánime en el Consejo. También será necesario consultar al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y dar su opinión. Es importante señalar que los miembros de la UE del Marco Inclusivo de la OCDE ya están apoyando el acuerdo global que está implementando la propuesta de la Comisión. El único Estado miembro de la UE que no es miembro del Marco Inclusivo y, como tal, no se ha comprometido formalmente con el acuerdo, es Chipre. La Comisión espera que Chipre apoye la Directiva.
Cerco a sociedades pantalla
La segunda propuesta presentada por Bruselas pone el foco sobre las empresas pantalla para combatir la evasión fiscal. Se pretende que las entidades con actividad económica mínima o nula no puedan beneficiarse de ninguna ventaja fiscal y no supongan una carga financiera a los contribuyentes.
La Comisión quiere perseguir este objetivo incrementando la transparencia sobre estas sociedades y permitiendo que las autoridades nacionales las identifiquen, mediante criterios claros. La clave de la Directiva es que los Estados miembros podrán pedir explicaciones a otros sobre entidades que resulten sospechosas de ser usadas para evadir el pago de impuestos, ha indicado Gentiloni.
