Las 'Islas Catalanas': Montero justifica los privilegios para Cataluña en que Canarias y Baleares tienen singularidades

"Podemos dar pasos de gigante en la financiación singular para Cataluña". Así lo ha sostenido este lunes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y ha justificado estos privilegios en que ya hay comunidades con regímenes especiales, para lo que pone de ejemplo a Baleares y Canarias en un relato en el que parece obviar la insularidad.

Montero ha puesto de ejemplo el "fondo de pobreza para Canarias y partidas para Menores No Acompañados", singularidades que reciben financiación específica, y la reciente modificación del régimen específico de Balares. "Cuando se traen reformas como éstas, como la de Baleares, nadie se rasga las vestiduras ni considera que se rompe España", ha asegurado.

"La financiación singular de Baleares no tiene el morbo de la de Cataluña", han sostenido fuentes de Hacienda.

A juicio de Montero, "Cataluña sin duda tiene elementos singulares, algunos ya reconocidos". Ha puesto de ejemplo a los Mossos e Instituciones Penitenciarias.

Desde Hacienda apuntan que si Cataluña asumiera la competencia de Inmigración, como pactó el Gobierno con Junts el 10 de enero a cambio de su abstención in extremis a los Reales Decretos-leyes que intentaba convalidar, necesitaría una partida específica de financiación.

Montero ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez no negocia una financiación singular con Junts o ERC, igual que lo aseguraba en diciembre, cuando el PSOE acaba de pactarlo son sendas formaciones. Ahora lo argumenta en que la negociación es con el PSC.

Sin embargo, la consejera de Hacienda de Cataluña en funciones, Natàlia Mas, ha asegurado, a su entrada en el CPFF: "Tenemos una negociación bilateral con el Estado en el contexto de la investidura de Cataluña". 

Mas no ha ocultado este hecho después de glosar lo que a su juicio es una "oportunidad histórica" y de sostener que su propuesta de financiación singular para Cataluña, que ha enviado al resto de comunidades, "no causa ningún perjuicio al resto de comunidades".

"No va contra nadie", ha insistido, y ha afirmado que tiene además como referente "internacional" el modelo de Alemania.

"No hay negociadores estatales", ha insistido Montero. La vicepresidenta no ha respondido sin embargo a la pregunta de si no se ha negociado la financiación a la carta para Cataluña en las tres reuniones entre el PSOE y ERC con mediadores internacionales que reconocieron el 22 de marzo.

Tampoco ha contestado sobre si Pedro Sánchez va a mantener la reunión de "alto nivel" sobre financiación que acaba de demandar Marta Rovira.

Montero ha atribuido las críticas del resto de comunidades a la propuesta de financiación singular para Cataluña a un rechazo "preventivo" originado en "artículos de prensa" que "buscan la confrontación con el Gobierno".

La condonación, en julio... o ya septiembre

Montero ha asegurado estar en contra de un concierto para Cataluña como el que promueve ERC pero se ha mostrado favorable al consorcio, como vienen sosteniendo PSOE y PSC, un desarrollo del Estatut que ha afirmado que prevén otros Estatutos, como uno que conoce "bien", en alusión al de Andalucía.

"No se puede uno negar a cumplir leyes orgánicas, se entendió que es una línea que se puede explorar", ha insistido.

El Gobierno rechaza el consorcio o Cupo pero se abre a explorar sus primeros pasos o pasos necesarios.

Las negociaciones sobre la condonación de la deuda que anunció para enero y que Hacienda hace tres semanas aseguraba inmediatas son ahora para "julio, finales de julio" con Cataluña, que se sitúa en primer lugar, y seguirán "en septiembre y más allá" con el resto, en principio ya junto con la negociación de los Presupuestos.

El poder del Estado, sobre CCAA y Senado

Las comunidades autónomas del PP han lanzado un pulso a Hacienda y hecho valer su aplastante mayoría. Han promovido un cambio en el reglamento del CPFF para rebajar el número de votos de que dispone el Ejecutivo, al que le basta con el único aval de una comunidad para imponer su criterio.

Esta propuesta se presenta en un momento en el que el Gobierno ultima el fin de la capacidad de veto del Senado a los objetivos de estabilidad.

La reforma del reglamento del CPFF era difícil que saliera adelante precisamente por el poder del Gobierno que intenta limitar, pero traerla a colación permite visibilizar el poder territorial del PP y el descompensado sistema de votación, que el PP atribuye a que este reglamento fue uno de los primeros en adoptarse y ha quedado superado.

Finalmente no ha salido, con el voto en contra de Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra. Cataluña se ha abstenido. El PP se reserva un recurso.

Montero defendió esta reforma en 2016 cuando era consejera de Hacienda de Andalucía. Justifica ahora su posición en que se trata de "competencias del Estado" y que el PP lo que quiere es "tener capacidad de veto".