Un juzgado de Baleares ha estimado como medida cautelar obligar a AENA (la empresa pública que gestiona los aeropuertos españoles) a suspender la obligación de pago de la renta de uno de sus inquilinos comerciales tras demandarlo este, según un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El auto, el primero de este tipo en España y el segundo asalto de un inquilino comercial con AENA, es del pasado 11 de enero y tiene que ver con la reclamación de un comercio del aeropuerto de Ibiza.
"La situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en nuestro país, así como las distintas medidas adoptadas tras las declaraciones de los estados de alarma producidos mediante RD 463/2020 y 926/2020, supuesto imprevisible e inevitable que ha alterado sustancialmente los vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Ibiza en el que se ubica el local arrendado y, con ello, el flujo de pasajeros, teniendo además en cuenta que dicho local se encuentra ubicado en la zona de embarque que ha sido cerrada", son algunos de los argumentos que recoge el juez Sergio González Malabia.
Más argumentos
"De igual forma, resulta acreditado el peligro en la demora en caso de no adoptarse las medidas cautelares solicitadas, teniendo en cuenta el vencimiento de la anualidad del 2020 y la obligación de pago de la actora del importe de la renta fija garantizada anual, junto a la existencia de un aval a primer requerimiento que, en caso de impago, podría ser ejecutado por la ahora demandada, todo ello puesto en relación con la ausencia de recursos económicos de los que dispone la actora como consecuencia de su actividad y de los lugares en que se encuentran ubicados los locales en que desarrolla su actividad y la compleja situación financiera a la que se vería abocada en caso de no adoptarse la medida solicitada", añade.
"Son precisamente estos motivos, en particular, la urgencia en la adopción de la medida ante el vencimiento de la anualidad de 2020 y, con ello, la obligación de pago de la renta fija garantizada anual prevista en el contrato, junto a la existencia del aval referido (de 8.279,20 euros) y, de igual forma, que tales efectos perjudiciales se reproducirían en caso de adoptarse dicha medida cautelar en un momento posterior tras la audiencia de la parte demandada, la que conducen a considerar como necesario la adopción de la medida cautelar solicitada inaudita parte", concluye el juez que ha accedido a aceptar las medidas cautelares consistentes la suspensión de la obligación de pago de la renta mínima garantizada anual correspondiente a la anualidad de 2020 y subsiguientes hasta la finalización del procedimiento, y del aval a primer requerimiento por importe de 208.397,17 euros.
Conflicto
AENA venía de cerrar el 2020 ganando su primer asalto 'cautelar' por este tipo de conflicto, según adelantó El Confidencial.
Vozpópuli ya informó de tensiones entre los inquilinos y AENA por el giro de las facturas pese a la covid. Fuentes del mercado coinciden en señalar que en la empresa pública se ha endurecido la posición en las últimas semanas.
Fuentes cercanas al ente público se han limitado a recordar que la empresa ha ganado el primer asalto judicial.
