El Gobierno de Pedro Sánchez no ha podido aprobar su Real Decreto-ley sobre el alquiler porque se ha topado con la negativa de Unidos Podemos, pero a la vez ha ganado tiempo para trabajar de forma más sosegada en una Ley Estatal de Vivienda que es prácticamente imposible que vea la luz.
La formación de Pablo Iglesias no ha querido apoyar el Real Decreto -aunque incluía novedades normativas claramente orientadas a favorecer al inquilino- porque pone como condición indispensable que se conceda a los Ayuntamientos la capacidad de limitar los precios de los alquileres cuando sean excesivos.
¿Qué hará ahora el Gobierno? El Ejecutivo descarta presentar otro Real Decreto que tampoco se aprobaría, porque la idea de limitar precios se considera técnicamente imposible con los recursos actuales, así que no contaría con el apoyo de los morados.
A partir de ahora trasladará sus esfuerzos al diseño de una Ley Estatal de Vivienda en la que están trabajando a seis bandas los ministerios de Fomento, Hacienda, Economía, Turismo, Sanidad y Justicia.
Cada cartera aporta su visión en temas trasversales relativos a la vivienda, como puede ser la regulación de los desahucios (que recae sobre todo en Justicia), la de los pisos turísticos (sobre la que se pronuncia Turismo) o la parte más social (que defiende Sanidad).
El Ministerio de Fomento se ha encargado especialmente de la parte técnica y, ante las carencias, ha pedido ya al Instituto Nacional de Estadística que diseñe un índice nacional sobre los precios de los alquileres en España para poder avanzar en las peticiones de Podemos.
Una vez elaborado este índice, fuentes de Fomento explican a Vozpópuli que habrá que cruzar los datos de precio con los de salarios por cada zona, para poder decidir cuándo existe una zona de tensión.
Crónica de una muerte anunciada
Pero más allá de engendrar el proyecto, lo que está haciendo el Gobierno es ganar tiempo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez espera tener terminada la Ley antes de fin de año y cuando esté concluida se iniciará su tramitación, que será mucho más larga y difícil que la del Real Decreto.
El Gobierno aprobaría el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros y presentaría el proyecto de ley en la Mesa del Congreso -en la que actualmente tienen mayoría el PP y Ciudadanos-, que será la que decide en un plazo de 30 días si se comienza o no su tramitación.
Si no se pronuncia se abre un plazo de 15 días -que puede ampliarse a voluntad de la Mesa- en el que pueden presentarse enmiendas a la totalidad (que piden la devolución de la ley o la propuesta de una alternativa) o enmiendas parciales (que proponen modificar, añadir o quitar algún artículo).
La Comisión que le corresponda -previsiblemente la de Fomento- recoge estas enmiendas y designa un equipo de ponentes que trabajen en la ley para añadir o quitar enmiendas, votarlas y elaborar un informe que votan ellos mismos.
Con las conclusiones preparan un dictamen que podría ir al Pleno del Congreso o bien pasar directamente al Senado (en el que tiene mayoría absoluta el PP) si la Mesa del Congreso delega en esa cámara la competencia.
Si va al Congreso se podrían votar las enmiendas de nuevo y añadir nuevas, hasta que salga adelante un texto definitivo que se publicaría en el Boletín Oficial del las Cortes Generales para enviarlo después al Senado.
Si consigue tener lista la ley antes de fin de año, sólo contará con seis meses para tramitarla antes de las elecciones generales
En la Cámara Alta, los senadores tendrían dos meses para acabar de tramitar la ley y podrán también presentar enmiendas. En ese caso, el texto volvería al Congreso para que se pronuncien al respecto, mientras que si no hay enmiendas y se aprueba el texto, este se envía directamente al rey para que lo sancione y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Si se tiene en cuenta que en la Mesa del Congreso tienen mayoría el PP y Ciudadanos (cinco de los nueve asientos) y que en el Senado los populares tienen mayoría absoluta (148 senadores) parece prácticamente imposible que la Ley salga adelante, cuando esos dos partidos han votado en contra del Real Decreto de este martes.
Además, el tiempo también corre en contra de Sánchez, ya que si -en el mejor de los casos para él- decide agotar la legislatura, convocaría elecciones en el primer semestre de 2020, con lo que si consigue tener terminada la ley a finales de este año tendría seis meses escasos para sacar adelante su tramitación parlamentaria, que es más o menos el tiempo que se tarda de media en aprobar una ley en España.
Si su tiempo como presidente se acorta, por ejemplo si no consigue los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), entonces el margen para intentar sacar adelante esta ley sería todavía inferior.
