El endeudamiento autonómico se ha multiplicado por cuatro en las últimas dos décadas. En concreto, la deuda del conjunto de las CCAA ha crecido desde el 6,1% del PIB en el año 2000, hasta suponer el 22,2% del PIB en 2023. Al igual que ha ocurrido con la deuda total de las Administraciones Públicas, la autonómica se sitúa por debajo de la registrada un año antes (23,6% en el año 2022), pero básicamente gracias al aumento del PIB en términos nominales y su impacto en el denominador.
De hecho, en términos nominales, la deuda autonómica ha crecido un 724% en las últimas dos décadas, desde los 39.474 millones de euros a cierre de 2020 hasta los 325.234 millones, y un 2,6% respecto al año anterior (317.090 millones a cierre de 2022). Estos datos los pone en valor Equipo Económico (Ee) en un informe difundido este miércoles.
El informe destaca también las "fuertes divergencias" entre las distintas CCAA. Cataluña es la región con unos mayores niveles de deuda en términos absolutos, con cerca de 86.000 millones de euros en 2023, y representa por sí sola el 26,4% de toda la deuda autonómica. Le siguen la Comunidad Valenciana (casi 58.000 millones y el 17,8% del total), Andalucía (más de 38.500 millones; 11,9%) y la Comunidad de Madrid (casi 36.000 millones; 11%).
Las diferencias son relevantes también en términos del peso de la deuda medido en porcentaje del PIB regional. La Comunidad Valenciana (42,2%), Castilla La Mancha (31,9%), Murcia (31,2%) y Cataluña (31%) presentan los mayores niveles de endeudamiento relativo. En cuanto a su evolución en el tiempo en términos relativos al PIB, los mayores aumentos desde el año 2000 se han dado también en estas cuatro CCAA.
Condonación parcial de la deuda a CCAA
Equipo Económico recuerda que "el crecimiento de la deuda de las CCAA ha sido financiado principalmente por el Estado, de forma que, a cierre del año 2023, el 60,9% del conjunto de la deuda autonómica -casi 198.000 millones de euros- estaba en manos del Estado a través del Fondo de Financiación, según datos del Banco de España.
Mientras, tan sólo el 14,4% de esta deuda estaba financiada con valores representativos, es decir, obligaciones emitidas por la propia comunidad, en un contexto en el cual muchas CCAA llevan años sin salir a financiarse a los mercados. Por su parte, el 17,4% de la deuda del subsector procede de préstamos de instituciones financieras residentes y el 5,3% de préstamos del resto del mundo.
Algunas CCAA siguen haciendo un uso muy intenso del Fondo de Financiación, a pesar de tratarse de un mecanismo diseñado en 2012, inicialmente con carácter extraordinario, para hacer frente a las dificultades de acceso a los mercados y a la falta de pago a sus proveedores en el contexto de crisis financiera global. En 2023 Cataluña recibió a través de estos mecanismos 12.620 millones y la Comunidad Valenciana, 9.392 millones.
Estas cantidades están comprendidas en los más de 132.900 millones que ha recibido o tiene asignado Cataluña desde 2012, y los más de 92.500 millones para la Comunidad Valenciana en el mismo periodo. Representan respectivamente el 34% y el 24%, respectivamente, de todo lo asignado por estos mecanismos desde su creación. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactó en el acuerdo de investidura con ERC la condonación parcial de la deuda regional.
Estas medidas "se sitúan lejos de la aplicación de criterios económicos basados en el interés general, al mismo tiempo que fomentan el riesgo moral. Bien al contrario, la situación tan dispar entre las comunidades en términos de déficit y de deuda, y del papel acreedor del Estado, solo se podrá abordar con éxito a través de un enfoque integral basado en el principio de la corresponsabilidad fiscal y en la contención del gasto", opinan desde Ee.
Vuelven las reglas fiscales en 2025
El riesgo de que la deuda pública de España se vuelva insostenible a medio plazo es alto. Lo dice la Comisión Europea en su último informe sobre Sostenibilidad Fiscal, un nuevo varapalo para el Gobierno que se suma al de la OCDE. Bruselas, que espera recibir la hoja de ruta planteada en nuestro país en septiembre, anticipa así la necesidad de llevar a cabo fuertes ajustes a partir de 2025, cuando volverán a reactivarse las reglas fiscales.
España tiene mayores niveles de deuda y déficit público que antes de la pandemia. Las administraciones públicas cerraron el 2023 con un endeudamiento del 107,7% del PIB, 9,5 puntos más que en 2019, cuando la ratio ya se situaba en el 98,2%. De esta forma, si se tiene en cuenta el objetivo de deuda pública del 60% que marcan las reglas fiscales, España lleva 13 años incumpliéndolo. A cierre de 2023, pese a la mejora manifestada por el Gobierno, estaba 48 puntos por encima de ese objetivo.
En volumen, la deuda no ha parado de crecer, con 71.000 millones más en el último año. Se sitúa ya en los 1,582 billones. Desde que Pedro Sánchez es presidente la deuda pública ha aumentado en más de 380.000 millones de euros. En mayo de 2018, antes de la moción de censura a Mariano Rajoy, los pasivos totales de las Administraciones Públicas se situaban en los 1,194 billones de euros.
Dentro de sólo seis meses España tendrá que presentar a Bruselas la hoja de ruta fiscal que seguirá en los próximos años, coincidiendo con la presentación del Proyecto de Presupuestos para 2025. El Ejecutivo debería garantizar ajustes del 0,6% del PIB anual durante el periodo 2025-2028, pero se podrían reducir al 0,4% y extender hasta el 2031 si se justifica que hay reformas e inversiones en marcha que apoyan el crecimiento y la sostenibilidad.
