El Índice de Precios de Consumo (IPC) sigue registrando subidas anuales superiores al 3%. En los últimos cinco meses, entre diciembre y abril, la tasa media ha sido del 3,2%. En lo que queda de año se espera que la inflación se sitúe entre el 2,8% y el 3,7%, según Funcas, un umbral que dejará la media ligeramente por encima del 3%.
Desde 2022 las pensiones se actualizan los meses de enero con la inflación media registrada un año anterior, pero teniendo en cuenta el diciembre no inmediatamente previo, sino el anterior. Es decir, en el caso de 2025, la revalorización de las nóminas de los jubilados se calculará con la inflación media registrada entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024.
La vinculación de las 10 millones de pensiones contributivas con el IPC pasado se produjo en un momento clave, justo en los años de inflación récord. En enero de 2023 subieron un 8,5%; en 2024, un 3,8%; y con las previsiones actuales, en 2025 se anticipa una subida próxima al 3,2% (que previsiblemente será superior en las mínimas y no contributivas).
El coste de vincular las pensiones al IPC
Subir las pensiones contributivas un 3,2% tendría un coste extra cercano a los 6.000 millones al año. Las subidas anteriores ya han acarreado un sobrecoste estructural de más de 25.000 millones. Sólo las pensiones contributivas cuestan cerca de 180.000 millones (casi 13.000 millones al mes). Si se suman las no contributivas y las clases pasivas, la factura ronda ya los 200.000 millones.
De este asunto ha alertado la Comisión Europea en un informe sobre España. Los técnicos del Ejecutivo comunitario advierten de que "volver a vincular las pensiones a la inflación plantea riesgos adicionales de sostenibilidad fiscal para el futuro, aunque en la legislación se prevén 11 acciones específicas para compensar el impacto de posibles mayores gastos".
La reforma de las pensiones aprobada por el actual Gobierno está pendiente de ser evaluada por la Comisión en el marco del cuarto pago de fondos europeos. El incremento del gasto, el envejecimiento poblacional y la futura jubilación de los baby-boomers presionan el sistema público. Los técnicos de Bruselas y el Banco España han cuestionado recientemente su sostenibilidad tras la reforma.
La sostenibilidad del sistema público
La Comisión Europea ha advertido de que España es el país de la UE donde se prevé un mayor aumento del gasto en pensiones por la indexación al IPC y la supresión del factor de sostenibilidad. Estima que se elevará del 12% del PIB en el que se sitúa actualmente al 14,3% en 2030, al 16,2% en 2040 y al 17,3% en 2050. Y esto no se compensará totalmente con más ingresos.
El aumento de las contribuciones al sistema y de la edad efectiva de jubilación "compensan parcialmente este aumento", advirtió Bruselas en sus proyecciones. Todo esto provocará que el sistema público de pensiones sufra un déficit que alcanzará su pico máximo en el año 2053: del 3,1% del PIB, por lo que serán necesarios nuevos ajustes.
Los datos publicados por el Banco de España ya reflejan un incremento de la deuda de la Seguridad Social del 182% en los últimos cinco años. Actualmente acumula más de 116.000 millones, récord histórico, tras los préstamos multimillonarios que ha necesitado del Estado para pagar las nóminas 'extra' de las pensiones a finales de año.
Además, España es ya el segundo país de la OCDE más generoso con sus pensionistas, con una tasa de reemplazo bruta del 80,4%, sólo por detrás de Grecia (80,8%). Esta tasa mide los ingresos por jubilación en relación con los ingresos cuando se trabaja. O dicho de otra forma: refleja que la pérdida de poder adquisitivo que sufren los jubilados cuando abandonan el mercado laboral es cada vez menor.
Con todo, la última edición de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF), publicada por el Banco de España hace unos días, refleja que la renta media alcanza su máximo en los grupos de edad más longevos y, además, son los que más riqueza acumulan, a diferencia de los más jóvenes (menores de 45 años), cuya riqueza neta está en mínimos históricos.
