Cada vez que ocurre un accidente de tráfico, lo fácil y habitual es achacarlo a la velocidad, sin más. Un estereotipo que la DGT utiliza como argumento para criminalizarla y con el que poder seguir imponiendo cientos de miles de multas cada año por exceso de velocidad, generalmente en tramos sin peligro alguno. Pero hay otra realidad a la que casi nadie presta atención, ni siquiera la DGT, que es el mal estado de muchos tramos de carreteras españolas que causan miles de accidentes cada año.
Así lo ha señalado el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, que ha instado a las administraciones a mantener en buen estado las carreteras, y ha recordado que no hacerlo supone un delito. Para que no quede en una denuncia más, ha anunciado que la Fiscalía impulsará la colaboración público-privada para detectar y evitar esos puntos negros causantes de muchos siniestros al cabo del año.
Bartolomé Vargas ha anunciado en rueda de prensa que el Ministerio Público reforzará su actuación en este ámbito ya que ha detectado la ausencia de conciencia sobre la influencia en la siniestralidad del estado de las carreteras y las vías públicas urbanas. En este sentido ha recordado que el 30% de los accidentes en España son debidos al mal estado de la vía.
Vargas ha advertido de que el Código Penal castiga con una pena de seis meses a dos años de prisión al que origine un grave riesgo para la circulación por no restablecer la seguridad de la vía, lo que afectaría a las administraciones central, autonómica y local y en su caso a las empresas contratadas para su construcción y mantenimiento.
Pero ha reconocido la dificultad de aplicar este precepto ya que en este ámbito no está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo que es necesario concretar los funcionarios, empresarios, empleados o profesionales responsables que intervienen en la construcción, inspección o conservación. Asimismo la ley exige para aplicar dicho precepto que el grave riesgo sea imprevisible para el conductor, es decir, que no esté señalizado ni se haya avisado a los usuarios de la vía, algo que sucede en no pocos puntos de nuestra geografía.
Mayor vigilancia
Por ello ha anunciado que la Fiscalía va a impulsar la colaboración de instituciones públicas de las administraciones central, autonómica y local, con empresas y otras entidades privadas del sector para detectar los tramos de concentración de accidentes, los conocidos como "puntos negros", y tratar de erradicarlos, así como garantizar el buen estado de carreteras y vías públicas.
También ha recordado que el buen estado de la vía es responsabilidad de todos los ciudadanos que las usan y que igualmente el artículo 385.1 del Código Penal castiga con la pena referida al que origine un grave riesgo para la circulación colocando en la misma obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o anulando la señalización. Bartolomé Vargas ha explicado que la Fiscalía ha elaborado un primer estudio de aproximación a esta problemática que será objeto de instrucciones posteriores.
En la rueda de prensa la directora de la asociación de prevención de la siniestralidad vial AESLEME, Mar Cogollos, ha destacado que en 2021 por vez primera desde que se elaboran estadísticas de seguridad vial en España más de las mitad de los fallecidos fueron usuarios vulnerables, es decir motoristas, ciclistas, conductores de monopatines y peatones.
Por ello ha abogado por impulsar en las ciudades carriles segregados para ciclistas y patinetes. Por su parte el auditor de seguridad vial y doctor ingeniero de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid Jesús Alonso Trigueros ha propuesto que las auditorías sea obligatorias no solo para las grandes vías, autopistas y autovías, sino también para todas las carreteras, incluidas las autonómicas y locales.
