La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) presenta un informe de 161 páginas para argumentar que ACS, Acciona, Sacyr, OHL, Ferrovial, FCC y Acciona pactaron precios en su puja por las licitaciones públicas durante 25 años. La investigación afirma que estas grandes constructoras formaron entre 1992 y 2017 un cartel para "alterar el proceso competitivo" de los proyectos de infraestructuras de la Administración. El organismo más afectado por este pacto fue el Ministerio de Transportes y sus respectivas empresas públicas. Aunque ni el Ministerio que ahora lidera Raquel Sánchez ni Moncloa reclamarán daños y perjuicios tras este expediente.
Según informan fuentes gubernamentales a Vozpópuli, esta "incómoda" resolución de la CNMC no es positiva para los intereses del Gobierno a corto plazo. Moncloa ve a estas grandes empresas como sus principales socios para desarrollar el gran plan de infraestructuras que se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De estos fondos europeos que recibirá España, 10.400 millones de euros se dedicarán a "Infraestructuras y ecosistemas resilientes". Es decir, obras públicas de las que estos socios señalados por la CNMC son sus mejores aliados. Y Moncloa los necesita desde ya.
Según los Presupuestos Generales del Estado para 2022, el Estado invertirá casi 27.000 millones de euros vinculados Plan de Recuperación de los que 600 millones se dedicarán a infraestructuras ferroviarias, 3.000 millones para renovación de vivienda, 1.300 millones para proyectos de protección del medio ambiente , 1.200 millones a nueva economía de los cuidados y 11.300 millones de euros a políticas de industria.
Silencio en Moncloa
Como explican otras fuentes gubernamentales, este escenario no es el "idóneo" para enemistarse con las seis constructoras que deben levantar todos los compromisos con la Comisión Europea. Moncloa no contempla a corto plazo ninguna posición beligerante con estas empresas, pese a que el mayor organismo de competencia español haya denunciado un pacto de precios desde 1992.
La CNMC apunta que este cartel de constructoras ha afectado a licitaciones cuyo presupuesto total alcanza valores de miles de millones de euros. Según los datos de Acciona que recoge este informe, durante el periodo de 2009 a 2016, el presupuesto total fue de las licitaciones fue de 45.714 millones de euros. Los datos de Dragados (ACS) que señala la CNMC apunta a que para los años 2012, 2013, 2015 y 2016, el presupuesto total fue de 10.257 millones de euros. Por su parte, esta investigación registra que FCC, durante el periodo 2008- 2015, actúo bajo este 'paraguas' en licitaciones por valor de 52.567 millones de euros.
Las empresas van a recurrir
ACS, Acciona, Sacyr, OHL, Ferrovial y FCC han activado a sus equipos judiciales para que recurran esta multa de la CNMC. Las empresas consultadas por este medio comparten que el máximo organismo de competencia español no lleva razón en su denuncia y que ninguna de sus prácticas empresariales puede de tacharse de "ilegal" o "anticompetitiva".
Un movimiento que la propia CNMC ya espera. "Los interesados saben que contra la misma no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación", cierra el informe de 161 páginas del organismo que preside Cani Fernández.
"En nuestros informes anuales ya se contemplaban algún nuevo capítulo de estos informes recurrentes y ninguno de nuestros 'stakeholders' espera que prospere", comenta un directivo de estas empresas. Desde las grandes constructoras se escudan en que ninguna de sus cotizaciones en Bolsa se han visto debilitadas después de un informe tan contundente en uno de sus principales mercados. Todas las compañías afectadas repuntaban en el mercado este jueves más de un 2%.
Los 203 millones de multa que se reparten estas seis empresas no es la única amenaza. El expediente plantea una posible prohibición de contratar a estas grandes empresas por parte de la Administración. Una decisión que tendrá que analizar la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado tras conocer este nuevo informe de la CNMC.
