Los Presupuestos de 2024 y un revulsivo contra la fuga de empresas son las vías por las que el Ministerio de Hacienda busca atraer a Junts a un pacto que asegure la legislatura en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez. El Ministerio que lidera María Jesús Montero impulsa la tramitación, cuanto antes, de las cuentas del año que viene, para aprovechar su coincidencia temporal con la negociación de la investidura y así amarrar un pacto de legislatura con Carles Puigdemont.

Aprobar los Presupuestos de 2024 facilitaría que la legislatura se extendiera incluso hasta 2026 y sería una manera de canalizar las exigencias maximalistas de Junts sobre financiación autonómica. Una fórmula para aterrizar, acotar, la lista a los Reyes Mayos multimillonaria de los independentistas en forma de las tradicionales cesiones millonarias que se vienen otorgando en las Cuentas.

En cuanto a la fuga de empresas, que Puigdemont reclamó revertir en las reivindicaciones que planteó el 5 de septiembre, empezando por el Decreto que la facilitó, se trata de una exigencia fácil de cumplir, sin trascendencia, que puede ir acompañada de un plan de incentivos y pedagogía para favorecer la vuelta.

La ministra de Hacienda lo ha tenido claro desde agosto, cuando ya declaró su intención de que haya Presupuestos de 2024 y que sea cuanto antes, frente a voces que recomendaban prorrogar los de 2023 e intentar un compromiso con sus socios de cara a las Cuentas de 2025, lo que ya permitiría agotar la legislatura por completo.

Entonces, la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se mostró partidaria de la prórroga y alegó que los Presupuestos de 2023 son a su juicio un marco bien armado que aguantaría bien su extensión al año que viene y permitiría seguir ejecutando los fondos europeos del Plan de Recuperación.

Pero se impone la posición de Montero, vicesecretaria general del PSOE y miembro del equipo negociador para la investidura.

"Nuestra idea es llegar lo antes posible. Es evidente que habrá cierto decalaje respecto al calendario de años anteriores, pero con tal de que se apruebe en la proximidad de los próximos días de enero, no hay ningún problema con que [los Presupuestos] tengan carácter retroactivo", ha señalado la ministra Montero este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Contamos con tener cuentas nuevas para 2024, pero tienen que ocurrir una serie de elementos que no son menores", ha agregado.

Montero ha recordado que el proceso presupuestario comienza cuando el Ejecutivo presenta los objetivos de estabilidad al Congreso y el Senado, que se votan. Tras fijar los objetivos de estabilidad, el Gobierno debe informar del techo de gasto y entonces se empieza a articular las cuentas públicas.

Para los de Junts, las partidas de inversión del Estado en Cataluña se presentarían como una especie de señuelo, de más vale pájaro en mano, con el que aparcar su exigencia de condonación de la deuda, de una financiación multimillonaria ante la reclamación de un supuesto déficit de 450.000 millones o articulación de una especie de Cupo catalán.

En los Presupuestos de 2023, Cataluña recibe un importe de 2.308,92 millones de euros del total de la inversión territorializada del Estado en las comunidades autónomas, el 17,2% de 13.443,93 millones.

Las cesiones de 2023

A la inversión asignada a Cataluña, no obstante, Hacienda suma 200 millones a cuenta del cumplimiento de una sentencia del Supremo del 2017 relativa a las cuentas del 2008, que se ceden para su gestión a la Generalitat, como ya se hizo en el Presupuesto de 2021 y en el 2022. 

A todo esto se añade lo que ERC arrancó en las enmiendas, un total de 2.000 millones, a razón de 900 millones en infraestructuras y convenios para la ejecución de las actuaciones en el Maresme por 384 millones; para la mejora de la conectividad de las autopistas AP2 y AP7, con una aportación plurianual de hasta 250 millones, y un convenio para la ejecución del Eje Pirenaico con una partida plurianual de 260 millones.

El Grupo Republicano también ha acordado otras partidas heterogéneas por casi 200 millones.

El símbolo de la fuga de empresas

El 5 de septiembre Puigdemont aludió al "ahogo sistemático de la economía catalana", del cual es, a su juicio "ejemplo doloroso la estrategia del cambio de sedes empresariales incentivado por un real-decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno y que todavía está vigente; y la aplicación salvaje del artículo 155 de la Constitución para disolver el Parlamento, destituir al Gobierno e intervenir el autogobierno, con graves afectaciones a la actividad económica que acaban pagando todos los ciudadanos de Cataluña".

El Gobierno aquí lo tiene fácil, derogar el Decreto supone un mero trámite que no causaría problemas y así lo ven fuentes conocedoras. Cuestión diferente es que el propio Decreto en vigor facilita la vuelta de las empresas a Cataluña, pero los independentistas están empeñados en la derogación, que opera como un símbolo.

Y es que la clave sería que las empresas quisieran volver, lo que hoy no ocurre, con lo que se buscarían fórmulas e incentivos. Estos últimos sí podrían tener un encaje jurídico complicado.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el citado Decreto el 6 de octubre de 2017 para facilitar un cambio de sede social que grandes empresas venían preparando, especialmente, CaixaBank ante la fuga de depósitos que sufría, e inmediatamente se produjo el traslado de CaixaBank a Valencia, de algunas de sus participadas a Palma de Mallorca, y de Sabadell a Alicante.

Más de 3.000 empresas se mudaron de Cataluña entre octubre y diciembre de 2017. Entre las más de 6.000 empresas que se fueron desde entonces y hasta la fecha, con contados pocos retornos, hay trece cotizadas en el Ibex, CaixaBank, Sabadell, Gas Natural Fenosa, Cellnex, Abertis y Colonial. También se han ido Catalana Occidente, Applus o Naturhouse.

Este Decreto no afecta a la libertad de empresa pero desde el principio el Gobierno de Quim Torra insistió en que exigía su revocación. En febrero de 2018, el PSOE en la oposición votó con PP y Ciudadanos en contra de una proposición no de ley de PDeCAT en este sentido.

Cuando llegó al poder, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez hubo voces discordantes. La entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, declaró que se derogaría, pero fue corregida por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que recordó que el Decreto no sólo facilita la salida de las empresas sino también la vuelta y zanjó: "No se va a hacer".

La entonces vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, lo corroboró y planteó que las empresas tienen libertad para hacer lo que consideren.

No lo veía así la Generalitat. La portavoz del Govern, Elsa Artadi, aseguraba que estaban estudiando medidas jurídicas contra el Decreto de traslado de sedes sociales de empresas. No concretó qué medidas estaban en estudio. Indicó que supuestamente se habían "violado los derechos de los accionistas" porque fueron excluidos de la decisión.

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