La experiencia vivida con la entrada en Telefónica marca el plan del Gobierno con Naturgy. Moncloa va a aprovechar el cambio de accionistas en la gasista que lidera Francisco Reynés para irrumpir en otra compañía estratégica, pero sin sufrir los problemas financieras que está viviendo para entrar en la 'teleco'.
Según explican fuentes financieras, las primeras ideas que se manejan en el equipo económico de Pedro Sánchez consisten en establecer unas condiciones de control muy exigentes, que aumenten las restricciones que se impusieron en 2021 en la OPA de IFM, o realizar una compra de una participación a mejor precio tras finalizar la operación de Abu Dabi.
En esta segunda vía, Moncloa necesita hacerse con un 10% de Naturgy para tener influencia en la compañía y entrar en el consejo. Una ambición que, con los precios de mercado que se manejan en la operación, provocaría un desembolso de 2.500 millones para un Ejecutivo que afronta este año sin presupuestos.
La opción de aumentar su control en la empresa pasa por exigir una ‘acción de oro’ en la compañía una vez finalizada toda la operación de 25.000 millones que están orquestando entre Taqa (Abu Dabi), Criteria Caixa, CVC y GIP. La ministra de Energía de España, Teresa Ribera, deslizó que era “demasiado pronto” para hablar de una posible participación en Naturgy en vista de una posible oferta pública de adquisición por parte de Abu Dabi.
Fase "muy preliminar"
No obstante, como señalan las mismas fuentes, y pese a que se habla de un fase “muy preliminar” de las negociaciones, Moncloa ya analiza vías de actuación. El otro frente sería establecer unos requisitos que condicionen el acuerdo entre estos inversores. Las exigencias de Moncloa a Abu Dabi aumentarán los requisitos con los que aprobaron la OPA parcial que lanzó en 2021 el fondo australiano IFM por Naturgy.
“Las exigencias son las mismas pero, al ser un control significativo, brindaría completamente la compañía”, explican. Estas condiciones eran ocho. La primera exigencia del Gobierno era que el nuevo inversor apoyase los proyectos renovables de la compañía y, como segundo requisito, que rechazase propuestas de desinversión en España.
Otro condicionante era mantener el domicilio y la gestión de los negocios locales. IFM debe, desde su entrada, respaldar que una parte significativa de la plantilla de Naturgy siga en España. Por último, el Gobierno exigió al fondo australiano que apoyase una política de dividendos prudente, sin descontrolar la deuda, con una información financiera anual y sin poder respaldar una posible salida de Bolsa de Naturgy.
Moncloa es el ‘último escollo’
Las negociaciones están “verdes”, reconocen fuentes financieras. La llegada de Taqa, la gran energética del emirato de Abu Dabi, a Naturgy pasa por el interés de Criteria Caixa, máximo accionista de la gasista con el 26%, de estabilizar el accionariado y el consejo de administración para poner en marcha la compañía.
Moncloa se convierte en el último escollo de unas conversaciones que, quien conoce cómo funcionan las cosas en el emirato, sabe que va para largo. La operación parte de que el holding que lidera Isidro Fainé quiere encontrar una salida a CVC y GIP, dueños del 40% del capital. Su salida permitiría desatascar un consejo de administración que preside Francisco Reynés y que está bloqueado ante una permanente discrepancia del 87% del capital que controlan Criteria, GIP, CVC y, el último en llegar, el fondo australiano IFM.
El siguiente paso ha sido encontrar a un candidato para desembolsar, como mínimo, 9.000 millones, que es lo que ronda el 40% de Naturgy en el mercado, para solucionar el problema. Moncloa sabe que ahora mismo Taqa es un candidato que hace números pero que no ha tomado una decisión de poner en marcha la operación.
Si finalmente se produce y Criteria con Taqa presentan un acuerdo conjunto de gobernabilidad de Naturgy, Moncloa asume que tiene la última palabra para poder sacar rédito de esta gran operación.
Hermes
Muy probablemente Marruecos esté detrás de esta operación. Los lazos de la monarquía marroquí con los Emiratos son muy, pero que muy estrechos. El gobierno debería bloquear la participación de los emiratíes en la toma de decisiones de la empresa.