Han sido siempre la partida de gasto más importante de los Presupuestos Generales del Estado, pero su dimensión empieza a alcanzar cuotas preocupantes en una sociedad, como la española, cada vez más envejecida, y con unos salarios medios que difícilmente son capaces de garantizar la sostenibilidad del sistema público si no se toman medidas adicionales.

Para 2023, los Presupuestos prevén un desembolso de 190.100 millones de euros, un 11,4% más que en ejercicio precedente. Este gasto incluya las pensiones contributivas, las no contributivas y las de los funcionarios de clases pasivas.

Las pensiones contributivas son prestaciones económicas, generalmente vitalicias, cuya concesión depende del cumplimiento de una serie de requisitos y de la existencia de una relación jurídica previa con la Seguridad Social, como haber estado afiliado al sistema y haber cotizado por un periodo mínimo. Las no contributivas son un soporte económico al que tienen derecho quienes no hayan aportado a la Seguridad Social el mínimo de cotizaciones necesarias para disfrutar de una pensión contributiva. El régimen de clases pasivas protege a los funcionarios públicos del Estado una vez finalizada la relación laboral.

El gasto del conjunto de las pensiones suponía en 2006, en los años de máximo esplendor de la economía española, un 8,4% del Producto Interior Bruto a precios de mercado: 84.682 millones de euros para una riqueza nacional de 1,004 billones. Ese año, por primera vez, el PIB superó la barrera del billón, tras crecer un 4,1%. El próximo año la nómina de todas las pensiones superará los 190.000 millones de euros, el 14,96% del PIB, si como vaticina el Banco de España la economía española crece finalmente en 2022 alrededor del 4,2% y en 2023, un 1,4%.

El problema de la sostenibilidad futura de las pensiones es que su nómina anual se ha multiplicado por cuatro desde el año 1996, mientras el Producto Interior Bruto solo lo ha hecho por 2,6%. Desde 2008, año en el que estalló la crisis financiera internacional, el gasto en pensiones se ha casi duplicado mientras el valor del PIB se ha incrementado en un 14,8%. Esta diferencia tiene mucho que ver con el aumento del número de pensionistas y con las subidas acordadas, especialmente en los últimos años, por el Gobierno. Mientras el PIB ha crecido desde 2019 un 2,31%, las pensiones contributivas han subido un 15,03%.

En España había a 30 de noviembre pasado un total de 9.036.457 pensionistas, de los que el 50,7% son hombres y el 49,3%, mujeres. Cobran 9.975.234 pensiones, el 52,45% mujeres y el 47,55%, hombres. Un total de 2,19 millones cobran pensiones con complementos a mínimos, el 24,2% del total (32,7% en el caso de las mujeres), y 933.000 más de una pensión, en su mayoría (83%), mujeres.

El problema de la sostenibilidad futura de las pensiones es que su nómina anual se ha multiplicado por cuatro desde el año 1996, mientras el PIB solo lo ha hecho por 2,6%

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 4,733 millones de personas cobraban en noviembre una pensión inferior al Salario Mínimo Interprofesional; 3,837 millones, entre el SMI y la pensión máxima; y apenas 466.034 personas, la pensión máxima o superior.

El número de pensionistas que se incorpora al sistema público ha crecido en los últimos diez años en cerca de 871.000, lo que se traduce en una media anual de 87.000. En los últimos doce meses el incremento ha sido de 61.861 personas. Según algunas previsiones, en el año 2030 habrá en España más de 11,4 millones de pensionistas y en 2050, según la Comisión Europea, más de 16,5 millones. El problema es que para sostener las pensiones de 100 jubilados solo habrá 135 cotizantes, una proporción que hace inviable el futuro del sistema tal y como está concebido hoy.

Un sistema público demasiado generoso

Muchas instituciones, entre ellas el Banco de España, aseguran, al igual que ocurre con las prestaciones por desempleo, que el sistema público de pensiones español es muy generoso, toda vez que cada jubilado recibe de media 1,74 euros por cada euro que cotiza.

La segunda gran incógnita del sistema es saber si podrá soportar subidas vinculadas a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). La ley 21/2021, aprobada en diciembre de ese año, garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas. Esta es la razón por la que este colectivo tendrá una subida del 8,5% en 2023, lo que elevará la nómina mensual de las pensiones en cerca de 1.000 millones al mes. En noviembre pasado, la nómina ascendió a 10.913 millones de euros y la previsión es que la de enero próximo se sitúe en el entorno de los 11.850 millones.

Las pensiones contributivas tienen consignada en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 una partida de 166.777 millones de euros, que se reparten en 120.054 millones para las de jubilación (el 72% del total); 28.394 millones, para las de viudedad; 15.496 millones, para las de incapacidad permanente, y el resto, 2.832 millones, para las de orfandad y en favor de familiares. Las pensiones no contributivas supondrán un desembolso de 3.003 millones. Los complementos a mínimos le cuestan al Estado 7.261 millones más. A todas estas cantidades hay que añadir las pensiones de los funcionarios que absorberán 20.500 millones en 2023, un 13,9% más que en el presente ejercicio.

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