Los inversores en renovables que demandan a España por retirar los incentivos a estas plantas en 2013 no dejan de buscar vías para cobrar su indemnización. Servicios de Infraestructura Luxemburgo S.A.R.L. y Energia Termosolar B.V, los dueños de la demanda del ‘caso Antin’, han abierto una vía para cobrar los 120 millones que le debe el Reino de España en la compensación que tiene que cobrar el país por el vertido de petróleo del Prestige.
El Tribunal Superior de Londres también ha emitido una orden provisional que permite a los titulares del laudo de Antin embargar 120 millones de euros de la reclamación de 855 millones de euros del Gobierno español a la aseguradora que se hace cargo del desastre medioambiental del Prestige.
Una vía judicial denominada orden de deuda a terceros, third party debt order (TPDO) en su denominación anglosajona. Los demandantes del caso Antin denuncian al Tribunal londinense que el Gobierno español se niega a pagar los 101 millones de euros más intereses que le debe tras prosperar su litigio ante la institución de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI. Mientras piden al asegurador London Club que paguen por el Prestige.
Estos inversores entran en una batalla judicial que ya dura más de 20 años. El petrolero Prestige naufragó en noviembre de 2002 provocando grandes daños por contaminación en playas españolas y francesas. Un desastre que provocó que se iniciaron en España acciones penales y civiles contra el capitán y los propietarios del Prestige, así como contra el asegurador.
El Prestige sigue abierto
London Club, una de las principales mutuas en cobertura de riesgos para la industria marítima a nivel mundial, y el Prestige tenían una póliza de protección e indemnización con un límite de indemnización de 1.000 millones de dólares estadounidenses. Y desde hace más de 20 años que España fuerza para cobrar cerca de 855 millones de euros.
En junio de 2022 hubo novedades. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que London Club es responsable civil de lo ocurrido. El TJUE apunta que el arbitraje iniciado en Londres, donde la aseguradora del Prestige pretende impedir el pago total de la indemnización, no puede dejar sin efecto la ejecución de la sentencia penal española que dictaminó el pago de 855 millones.
Lo mismo que piden los inversores del caso Antin a España que, pese a la defensa europea, asuma la sentencia del CIADI. La Abogacía del Estado y sus asesores defienden que no van a pagar esta sentencia porque la justicia europea limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria, para evitar el abono de indemnizaciones. Su segundo argumento es que la Comisión Europea en 2021 inició un proceso de revisión para aclarar si el pago de estos arbitrajes podría constituir una ayuda ilegal del Estado.
Los inversores apuntan al Gobierno
El Prestige se ha convertido en su nueva llave de presión. “El Gobierno español se ha negado rotundamente a pagar a nuestros clientes lo que se debe y está pendiente en virtud del Laudo Antin, que surgió tras los procedimientos judiciales que España impugnó y perdió”, explica a Vozpópuli el socio del bufete de abogados Kobre & Kim, Nick Cherryman, que representa legalmente a Servicios de Infraestructura Luxemburgo S.A.R.L. y Energia Termosolar B.V.
Como adelantaba este medio, el caso parte de una inversión en Granada en 2011. En su momento, las plantas termosolares combinadas Andasol 1, 2 y 3 eran las mayores plantas fotovoltaicas del mundo. La constructora española ACS fue la encargada de construir esta planta en 2009 y vender el 90% de su participación en las plantas solares Andasol 1 y 2 a Antin por 139,5 millones de euros. España promulgó una legislación que eliminó retrospectivamente los incentivos introducidos en 2007, sobre la base de los cuales Antin había decidido comprar esta participación a la empresa de Florentino Pérez.
“La postura de España infringe las obligaciones del Tratado Internacional de España, el debido proceso legal y corre el riesgo de socavar la inversión extranjera en iniciativas e industrias de energía renovable en España en un momento en que la seguridad energética europea y la energía renovable son un imperativo de la UE”, añade Cherryman.
El Reino de España, asesorado en este caso por el bufete internacional Simmons & Simmons, ha intentado la pasada semana, en una audiencia de cuatro días, anular la orden obtenida por los titulares del laudo Antin alegando “inmunidad soberana”. El veredicto de este movimiento de España se espera que se conozca antes de este verano.
EEUU y Australia
El bufete de abogados Kobre & Kim también han iniciado procedimientos judiciales de ejecución en los EEUU y Australia, con acciones similares para embargar bienes del Gobierno español con el fin de recuperar las deudas impagadas.
La opción del Prestige es otra de las vías. El Tribunal Superior de Londres ha tomado medidas para hacer cumplir el Laudo Antin al otorgar una garantía provisional a las demandantes sobre deuda de la aseguradora británica con el Reino de España. Si la orden provisional se hace definitiva a su debido tiempo, aproximadamente 120 millones de euros de los 855 millones de euros adeudados a España irían directamente a los inversores en infraestructuras.
