El 21,1% de los trabajadores tiene empleo en una Administración Pública y hay comunidades autónomas que superan ya el 30%. Es la consecuencia del aumento de las plantillas de funcionarios y empleados públicos en plena pandemia, mientras que el ajuste económico sigue concentrándose entre los trabajadores del sector privado. Desde que comenzó el confinamiento, las Administraciones han aumentado su plantillas en 149.400 personas, mientras que en el sector privado (sin tener en cuenta los 420.000 trabajadores hibernados todavía en ERTE y que pueden salir expulsados del mercado) ha ocurrido el fenómeno contrario: han desaparecido 605.400 nóminas.
El ritmo de contratación está siendo especialmente intenso en algunas comunidades autónomas. Este hecho ha llevado a que el trabajo y los salarios de muchas regiones dependan en gran medida de las Administraciones. Por ejemplo, el 31% de las nóminas de Extremadura están ligadas a un trabajo público, sobre todo en la comunidad autónoma, pero también en los ayuntamientos o en las delegaciones y servicios derivados de la Administraciones Central. Así, de los 298.000 asalariados totales existentes en esta región, 92.000 son públicos. Es decir, sólo el 69% de las nóminas existentes en esta autonomía corresponde a empresas privadas, que son las que generan actividad económica.
En Asturias, casi el 29% de los empleos totales es público. Mientras: en Castilla y León y Canarias alcanza al 26%; en Castilla La Mancha, Galicia y Cantabria llega al 24%. En Melilla y en Ceuta llega al 57% y 50% respectivamente como consecuencia del contingente de las fuerzas armadas y también administrativo.
La mayor parte del repunte de personal corresponde a las comunidades autónomas ya que han incrementado sus plantillas en 390.000 efectivos desde 2007
En número, Andalucía tiene 583.000 empleados que viven de una nómina pública (40.000 más en el último año). Le siguen: Madrid, con 517.000, incluyendo los trabajadores de la Administración Central (32.000 más desde el inicio de la pandemia); Cataluña, con 461.000 (12.000 más que hace 12 meses) y la Comunidad Valenciana, con 322.000 efectivos públicos (25.000 más en el último año).
En el conjunto del país, el número de empleados públicos crece a un ritmo anual del 4,6% mientras que en el sector privado se destruye el 4,5% de puestos de trabajo. No se trata de novedad alguna ya que en todas las crisis económicas, en contra todo sentido presupuestario y económico, el empleo de las Administraciones se ha incrementado despeñándose el privado. Por tanto, uno de cada cinco trabajadores (21,1%) depende ahora de una nómina del sector público.
Hace un año ese porcentaje era del 19,6%, es decir, ha subido 1,5 puntos, y es el más elevado desde la segunda recesión en 2012 cuando alcanzó el 21,7%. En 2007, el año previo al inicio de la gran recesión económica, ese porcentaje era sólo del 17,5%, es decir, ha aumentado en cuatro puntos desde entonces.
El crecimiento en el último trimestre ha sido de 43.400 nuevos empleados y de casi 146.000 desde el inicio de la pandemia. El alza del último año no se debe exclusivamente a la contratación de personal sanitario o relacionado con la educación ya que, según datos de la Seguridad Social, el 60% de las nuevas incorporaciones corresponde a las administraciones generales de las regiones (servicios de las consejerías).
La contratación pública ha aumentado en casi 150.000 personas en la pandemia, frente al fuerte retroceso del sector privado
El crecimiento del empleo público supone un importante aumento del gasto estructural ya que el abono de las nóminas de las Administraciones superó en 2020 los 140.000 millones, un tercio más que hace 14 años, y para este ejercicio se espera que se aproxime a los 147.000 millones mientras surge una nueva amenaza de otra subida de impuestos para incrementar los ingresos.
Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), el sector público consiguió en el primer trimestre de 2021 un nuevo récord histórico en número de empleados, sin que haya acometido por razones económicas o de prestación de servicios reordenación o reestructuración alguna de sus plantillas o un solo ERTE a pesar de la brutal caída de la actividad administrativa. A finales de marzo había casi 3,4 millones de trabajadores públicos (3.397.400 exactamente) con un crecimiento de 18.300 efectivos (un 0,5% más) respecto al trimestre anterior mientras que en el sector privado bajó en 155.600 el número de asalariados (-1,2%). Los datos son aún más concluyentes si comparamos estas cifras con las que se registraban al inicio de la gran crisis en 2007.
El número de empleados públicos crece a un ritmo anual del 4,6% mientras que en el sector privado retrocede un 4,5%
Es decir, a pesar del importante esfuerzo inversor en nuevas tecnologías para tener una Administración electrónica (con la participación activa del contribuyente), el sector público tiene ahora 407.100 nóminas más que hace 14 años (un 13,6% más respecto a las 2.990.300 que había en 2007) mientras que en el sector privado hay 1.397.500 asalariados menos (-10%) ya que ha pasado de 14,1 millones a sólo 12,7 millones. La mayor parte de este repunte de personal corresponde a las comunidades autónomas, ya que han incrementado sus plantillas en 390.000 efectivos desde 2007 (un 25% más) hasta conseguir un nuevo récord y acercarse a los dos millones.
Más funcionarios y con más edad
Por edad, se observa un hecho curioso y es que la estabilidad en el empleo público está aumentando las cohortes con más años. Es decir, Así, mientras en el sector privado sólo el 27,7% de los asalariados tiene más de 50 años, en el sector público esa cifra llega al 45%. Es decir, en el sector privado no hay porcentualmente tantos empleados con antigüedad acumulada como en las Administraciones mientras que por debajo de los 29 años el sector público apenas tiene efectivos (7,4%) frente a casi el 16% de las empresas privadas. Se debe a que el ajuste laboral (despidos y jubilación anticipada para quienes han podido llegar) se ha concentrado siempre en las edades más elevadas del sector privado mientras que al mismo tiempo en las edades más jóvenes es dónde más aumenta la contratación porque es más barata.
En el sector público ocurre lo contrario. También se observa se observa un crecimiento exponencial del empleo femenino en las Administraciones. Si en 2007 las mujeres copaban el 52% de los empleos públicos (48% para hombres), ahora la proporción es del 58% (42% para hombres). En el sector privado, el efecto es también el contrario. Ahora el empleo femenino ocupa el 36% de los trabajos en las empresas mientras que hace 14 años llegaba al 42%.
