La subvención de 20 céntimos por cada litro de gasolina arrancó en abril y, tras prorrogarse en julio, finalizará el próximo 31 de diciembre. El Gobierno planea una nuevo método de ayudas a partir del 1 de enero con la idea de limitarlo a los vulnerables y profesionales del transporte. Pero, a falta de dos semanas, no hay nada oficial y se espera que la alternativa se presente en la última semana del año. Se trata de un giro de 180 grados en la estrategia del Gobierno, que contaba con aprobar el Decreto de ayudas a finales de noviembre.
Finalmente, Moncloa ha decidido que sea Pedro Sánchez el que lo presente en su tradicional rueda de prensa del último Consejo de Ministros del año. El Ejecutivo intenta dejar zanjadas ahora las reformas políticas y jurídicas más polémicas y llevarse al final del año ayudas y medidas con mayor aceptación.
Esto significa que aplaza la decisión hasta la semana que arranca el 26 de diciembre, en concreto, al martes 27, con lo que el Decreto se aprobará sobre la campana y no estará en el BOE al menos hasta el miércoles 28 de diciembre para unas ayudas que entran en vigor el 1 de enero.
Una decisión que castiga a las petroleras, ya que serán de nuevo las encargadas de integrar el plan en la operativa diaria de sus gasolineras. El malestar de las compañías, sobre todo de las grandes, es total porque es la segunda vez que el equipo de Sánchez adopta una decisión de esta magnitud sobre la bocina.
Y volverá a coincidir en un momento de gran operativa en las estaciones de servicio. La subvención de 20 céntimos el litro se impuso en las puertas de Semana Santa y el nuevo formato coincidirá con la operación retorno de Navidad. "Cerca de 11.500 gasolineras y millones de clientes se encontrarán de nuevo con una ayuda que no sabrán gestionar", explican desde el sector a Vozpópuli.
Sin embargo, cabe recordar que el primer Decreto de ayudas para la crisis por la guerra de Ucrania se aprobó el 29 de marzo y aunque entró en vigor el 1 de abril, se dio a las empresas 15 días de adaptación. En esta ocasión, además, estaban informadas con antelación de detalles de la ayuda.
Todo esto, sobre la base de los mensajes que viene dando el Gobierno, poco concretos pero en la misma línea. La vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha insistido el pasado 5 de diciembre, como viene apuntando desde principios de octubre, en que se van a limitar ciertas medidas para contener la inflación, como es el caso de la ayuda a los carburantes, que se quiere restringir a los transportistas, y avanzar de una primera fase de choque generalizada hacia una más específica dirigida a los sectores más vulnerables.
El retraso ha llevado a incluso no descartar que la ayuda se prorrogue tal cual está, aunque no sólo el Ejecutivo español venía planteando su restricción, también la Comisión Europea y el FMI. De hecho, en el Eurogrupo del 5 de diciembre se analizó cómo limitar las ayudas.
El malestar de las petroleras
El principal malestar de las petroleras no viene por el castigo a los primeros días de sus gasolineras. Tampoco por la falta de información a pocos días de que venza la ayuda de 20 céntimos. El mayor descontento de empresas como Repsol, Cepsa o BP es que el Gobierno les llama "colaboradores" en la gestión de esta ayuda mientras les acusa ante la opinión pública de "forrarse" e, incluso, de ejecutar estas ayudas de forma "desleal".
Como informaba este medio, el anuncio de esta semana de la CNMC sirve como arma arrojadiza a Sánchez para acabar con la gasolina subvencionada para todos. El organismo regulador acudió a las oficinas de estas grandes empresas tras la denuncia de los pequeños operadores de gasolineras de que Repsol, Cepsa y BP estaban haciendo competencia desleal con sus descuentos extra y promociones de fidelización.
El Gobierno fue quien encomendó en marzo a la CNMC verificar que realmente se aplican a los consumidores los 20 céntimos en el precio final a pagar. Por ello, desde las empresas interpretan que el anuncio de investigación de la CNMC, sin incoar ningún expediente, responde más a razones políticas que regulatorias.
Fedea ha recordado este jueves en un informe que no se conoce el número de denuncias recibidas por la CNMC sobre la no aplicación del descuento. "La CNMC ha anunciado la apertura de una investigación por posibles prácticas anticompetitivas recogidas en los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC)", detallan los investigadores.
"Aunque coincida en el tiempo con la aplicación de bonificaciones a los combustibles, la información disponible indica que no estaría refiriéndose a la no transmisión de las bonificaciones sino a posibles prácticas prohibidas, como la de abuso de posición de dominio, insertándose este procedimiento en la actividad habitual de la CNMC como autoridad de defensa de la competencia", responde Fedea a las quejas de las compañías.
Por último, la acusación de "forrarse" llega de la mano de la proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales al sector energético. Un gravamen del 1,2% a la cifra de negocios de las empresas eléctricas, gasistas y petroleras por sus "beneficios extraordinarios". Un frente que las compañías asumen que afrontará desde el 1 de enero, pero que consideran que es una fórmula para señalar a unos "enemigos" en tiempos de crisis energética y no “colaboradores” como se pretende vender con la ayuda a la gasolina.
