Banco Santander se opone firmemente a una subida de impuestos. El consejero delegado del banco cántabro, José Antonio Álvarez, ha defendido este jueves que el banco pagó en 2017 1.130 millones de euros en impuestos en España a pesar de no haber generado beneficio en el país y ha advertido de que un endurecimiento del régimen fiscal hará perder competitividad tanto a la banca, como a la economía española.
"Se habla mucho estos días de impuestos a las empresas, al sector bancario, etc. Nos gustaría que estos debates fueran razonables", ha espetado el número dos de Banco Santander, que ha incidido en que a pesar de que la entidad "no genera beneficios en España" por las pérdidas de su centro corporativo y la división inmobiliaria, pagó 1.130 millones de euros en impuestos el año pasado
De este total, 403 millones fueron en IVA no repercutible, 455 millones en pagos a la Seguridad Social por cuenta del empleador, 60 millones por tasa de los activos fiscales diferidos (DTAs) monetizables y unos 132 millones en otros impuestos. Además, ha recordado que la entidad realizó aportaciones por 400 millones de euros al Fondo Único de Resolución (FUR) y al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
En cualquier caso, Santander tiene previsto reclamar a Hacienda 1.000 millones de euros por los DTAs de Popular, como adelantó Rodrigo Echenique, actual presidente de Popular, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación que investiga la crisis. En esta misma comisión, Álvarez ha subrayado este jueves que la compra de Popular ahorró al Estado entre 28.000 y 36.000 millones de euros.
Mayor carga fiscal de Europa
El consejero delegado de Popular ha insistido también en que, a nivel consolidado, Santander es el banco que cuenta con una mayor carga fiscal de Europa, en el entorno del 36%, frente al 25% de las entidades comparables en el 'Viejo Continente'.
"Creemos que un aumento de los impuestos al sector financiero no ayuda a que la banca haga su labor de financiar a la economía española", ha dicho Álvarez, que advierte de que la incertidumbre jurídica que generarían cambios relevantes en la fiscalidad podrían ahuyentar inversores y restar competitividad y oportunidades de crecimiento tanto a la banca como al conjunto de la economía.
"En estos momentos observamos una mayor incertidumbre sobre la evolución de la economía española, y en este contexto debemos seguir haciendo esfuerzos para continuar atrayendo inversión extranjera y favorecer que empresas y particulares continúen invirtiendo y generando empleo", ha concluido.
