Hace ya algunos años, el presidente de una gran empresa española aseguraba en privado: “Las cosas que no se pueden arreglar con dinero, se acaban solucionando con más dinero”. Entonces eran más frecuentes que ahora las compras de empresas para ganar tamaño y era rara la semana en que no aparecía una oferta para la adquisición de una compañía cotizada o no. La cita venía también al caso cuando empresas y sindicatos iniciaban la ronda de conversaciones para fijar las condiciones salariales y laborales que regirían la marcha de la compañía durante los próximos tres años, por ejemplo. 

Y viene también al caso en estos momentos en que Bruselas y la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se han enfrascado en una pelea dialéctica con Yolanda Díaz acerca de la conveniencia o no de reducir el tiempo de cobro del subsidio por desempleo para estimular la reincorporación al mercado laboral en calidad de ocupado y mejorar los desequilibrios presupuestarios de las cuentas españolas.

España es un país con unos niveles de paro inaceptables en la Unión Europea, incluso en épocas, como la actual, en la que se han superado todos los registrados de personas ocupadas. Bruselas lleva pidiendo a España gestos para acabar con los problemas tradicionales de déficit presupuestario, y, especialmente del altísimo nivel de deuda. 

El hecho de que la inflación haya 'inflado' artificialmente el volumen del Producto Interior Bruto ha maquillado la relación deuda/PIB y déficit/PIB, que se han reducido; pero el endeudamiento de las administraciones públicas ha subido a 1,578 billones de euros en el mes de septiembre, tras un aumento del 4,9% en relación con el nivel del mismo mes del año anterior, según el Banco de España.

La titular de Economía quiere incentivar la salida del paro incluso a través de la reducción del periodo de cobro. En el otro rincón, Yolanda Díaz no solo aspira a mantener las actuales condiciones sino a mejorarlas, incorporando a nuevos posibles perceptores más jóvenes aún, al coste que sea. Para Calviño, las actuales condiciones desincentivan la reincorporación al mercado laboral de muchos parados e invitan a incrementar los ingresos asomándose a la economía sumergida. Nadie que perciba únicamente 480 euros (la cuantía mensual del subsidio) puede vivir con unas condiciones mínimamente dignas, por lo que las tentaciones para entrar en la economía sumergida son muchas. 

¿Quién paga el subsidio?

Las diferencias entre ambas vicepresidentas es dinero: Calviño quiere cuadrar las cuentas anuales y Díaz está más interesada en mejorar las políticas sociales aunque se tengan que pagar con más deuda. Para algunas regiones españolas, como Andalucía y Extremadura el resultado de esta batalla puede significar mucho.

En octubre, había en España 2.759.404 parados inscritos en los registros del Sistema Estatal de Empleo Público, aunque solo 1.736.502, el 62,9%, cobran algún tipo de prestación económica. De estos últimos, según la pormenorización de las cifras del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el 44,5% (772.852) tienen derecho a la prestación contributiva; el 40,9%, al subsidio de desempleo; el 4,4%, a la renta agraria, circunscrita a Andalucía y Extremadura; el 4,72%, al subsidio agrario y el 5,44%, a la renta activa de inserción. En definitiva, cobran algún tipo de subsidio 887.163 personas, el 51,1% del total de perceptores y el 32,15% de todos los parados.

El hecho de que uno de cada tres parados 'viva' de un subsidio (de desempleo, agrario o la renta activa de inserción) son datos preocupantes para cualquier país, como también lo es que cerca del 59% de estos perceptores de ayudas tengan 55 años o más y el 71,2%, 50 o más años.

Andalucía y Extremadura, a la cabeza

Pero el problema más acuciante es que en siete de las diecisiete comunidades autónomas, en las dos ciudades autónomas y en 24 de las 50 provincias españolas hay más perceptores del subsidio por desempleo que perceptores de la prestación contributiva. Las diferencias entre prestación contributiva y subsidio con claras: para acceder a la primera, la persona que ha perdido su empleo debe haber cotizado a la Seguridad Social al menos 360 días en los últimos seis años; el subsidio se percibe cuando no se ha llegado a ese mínimo tiempo requerido. Hay también diferencias notables en cuanto a la duración.

En Andalucía, por ejemplo, cobran el subsidio de desempleo 174.730 personas, mientras perciben la prestación contributiva 155.574. La diferencia es un 12,3% a favor de las personas subsidiadas, pero se si se añaden también a quienes cobran el subsidio agrario y la renta activa de inserción (que no tiene carácter contributivo), la cifra asciende a 277.122, un 78% más que los que cobran lo que comúnmente se llama el paro. En Andalucía hay seis provincias de las ocho (Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla) que se encuentran en esa situación. Hoy, el 38,5% de todos los parados de Andalucía depende de un subsidio.

Las diferencias entre prestación contributiva y subsidio con claras: para acceder a la primera, la persona que ha perdido su empleo debe haber cotizado a la Seguridad Social al menos 360 días en los últimos seis años

La historia se repite en Extremadura, la otra región donde se puede percibir la renta o el subsidio agrario, aunque con más dureza. El número de subsidiados es el 97,3% superior al de perceptores de  la prestación contributiva: 42.726 frente a 21.648, con datos del mes de octubre. Más de la mitad de los parados, exactamente el 53,27% del total, cobra algún tipo de subsidio. Hay que tener en cuenta que los perceptores de algún tipo de prestación o subsidio por desempleo suponían en 2023, de media, el 67,6% de las personas que estaban registradas como paradas en el SEPE (2.759.404).

En idéntica situación, más o menos, se encuentran Canarias (hay un 48,36% más personas subsidiadas que perceptores de prestación contributiva), Asturias (+16%), Castilla-La Mancha (44,32%), con cuatro de sus cinco provincias con ese problema; Galicia (+17,53%), con las cuatro provincias dependiendo en mayor proporción de los subsidios, y la Comunidad Valencia (+16,7%).

En estas siete regiones, “viven” de los subsidios de desempleo alrededor de la tercera parte de todos los parados, lo que es un porcentaje que puede parecer escandaloso. En Castilla-La Mancha se llega al 35,5% y en Galicia, al 32,6%. Asturias presenta “mejores” datos: el 29% del total.

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