Telefónica e Indra, ambas compañías españolas, copan el primer y segundo puesto en el raking de contratación pública de ciberseguridad durante los seis primeros meses del presente año. El operador español ha conseguido un total de 12,5 millones de euros en 42 adjudicaciones, mientras Indra se ha hecho con dos adjudicaciones por un total de 8,30 millones de euros. SIA, compañía de ciberseguridad integrada también en Indra, ha conseguido 2,1 millones de euros en cuatro contratos adjudicados.
Ambas empresas -Telefónica e Indra- compiten en múltiples concursos de servicios y productos de ciberseguridad, un sector en pleno auge tanto por el crecimiento que año tras año experimentan por sí mismos los ciberataques como por el mayor impulso que estos han tomado desde el inicio de la guerra de Ucrania hace ya más de un año.
En total, la inversión en ciberseguridad por parte de las Administraciones Públicas durante los primeros seis meses de 2023 alcanzó los 81,04 millones de euros en 300 adjudicaciones, según datos facilitados por el portal AdjudicacionesTIC, plataforma cuyo objetivo es dar a conocer las principales adjudicaciones, licitaciones, compras centralizadas y anuncios previos del sector tecnológico (TIC), convocados por la Administración pública a nivel local, autonómico y estatal.
La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para empresas de todos los tamaños y sectores, así como para los gobiernos y las organizaciones. Las cifras de inversión se han incrementado en siete puntos porcentuales, alrededor de ocho millones de euros
El informe arroja más crecimiento en las licitaciones para el recién estrenado segundo semestre de 2023. "Existe una previsión de crecimiento para los 6 meses restantes del año. Las AAPP son cada vez más conscientes de la necesidad que existe en lo que respecta a la protección de sus sistemas", refleja el documento, consultado por Vozpópuli.
La Administración General del Estado (AGE) ocupa la primera posición como la administración más inversora en ciberseguridad durante el periodo analizado, con una cifra total de 44,78 millones de euros en 72 contratos.
"La inversión total por parte de las CCAA supone el 28,94% del total invertido en el periodo de estudio. En esta ocasión las inversiones en AGE se han visto afectadas por el periodo electoral. Durante los meses de mayo y junio, la cifra de inversión ha disminuido respecto del mismo periodo año pasado, lo que repercute en la cuantía total. En cuanto a las entidades locales, han supuesto el 15,8% de la inversión total del periodo mencionado, con 12,8 millones de euros y 135 contratos".
Tras Telefónica e Indra, ocupan los primeros puestos de la lista de empresas con más adjudicaciones Axians, Thales, NTT Data, EY, Kearney, Sothis, S2 Grupo y SIA. Por la naturaleza de los servicios licitados, son las empresas españolas, como Telefónica e Indra, las preferidas para la gestión de la ciberseguridad por parte de las administraciones públicas españolas.
Las empresas antes citadas, junto a Telefónica e Indra, suman una inversión total de 48,63 millones de euros, y acaparan un 60% del total de la inversión acumulada durante el periodo comprendido entre enero de 2023 y junio de este mismo año.
Telefónica, Indra y Axians acaparan más de un tercio de las adjudicaciones
Telefónica representa el 15,44% del total de las adjudicaciones en ciberseguridad del primer semestre de 2023, mientras Indra acapara el 10,24% del total. Les sigue en tercera posición Axians, con un 8,5% del total.
Estos tres adjudicatarios consiguieron facturar un total de 27,68 millones de euros a través de 53 adjudicaciones, y representan el 34,16% de la cifra total de inversión durante el periodo analizado.
La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para empresas de prácticamente cualquier tamaño y sector, además de para gobiernos y otras las organizaciones. Comparando las cifras de inversión del mismo periodo de estudio del año anterior, el aumento es de siete puntos porcentuales, alrededor de ocho millones de euros.
Las Administraciones Públicas destinan ahora más recursos financieros para proteger sus sistemas y datos de ataques cibernéticos como los sufridos en los ultimos meses y años por el Consejo General del poder Judicial (CGPJ) o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por citar solo un par de ejemplos. Además, hay un crecimiento significativo en los presupuestos de ciberseguridad para la adquisición de tecnologías y servicios avanzados.
