El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha acudido este lunes al Congreso de los Diputados para dar cuenta de los últimos informes elaborados por el organismo fiscalizador. Uno de ellos hace referencia al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y en él se denuncia el troceo de contratos para hacer adjudicaciones por contrato menor.
¿Por qué este fraccionamiento? Porque los contratos menores tienen menos requisitos de transparencia y dan lugar a una menor concurrencia de ofertas. Es decir, que se trocean para tener que publicitar menos las ofertas y que se presenten menos candidatos. Esto hace que los precios sean menos competitivos y que las ofertas se puedan adjudicar a dedo. Por eso, muchas veces los contratos se acaban dando a una misma empresa aunque se hayan fraccionado.
Textualmente, organismo fiscalizador dice esto: "Se han observado expedientes en los que existen indicios de haberse producido un posible fraccionamiento del objeto del contrato, por tratarse de contratos menores con el mismo objeto o vinculados entre sí –y adjudicados, en la mayor parte de los casos, a la misma empresa-, cuyo importe conjunto supera el límite cuantitativo máximo para este tipo de contratación".
1.721 contratos menores
En este tipo de caso, tal y como explica el propio Tribunal, se tendría que haber hecho una planificación "más racional" de las necesidades para hacer una sola contratación única a través del procedimiento general. Y esto habría dado lugar a una mayor publicidad y concurrencia, lo que habría generado la posibilidad de cerrar los contratos a precios más competitivos.
El informe hace referencia a los años 2014 y 2015. En 2014, el Imserso cerró 1.721 contratos menores por valor de 6 millones de euros. Y en 2015 adjudicó mediante contratos menores 1.469 expedientes, por otros 6 millones de euros. Según el Tribunal, aunque la contratación menor sea una práctica habitual en toda la administración, se utiliza con más frecuencia en el Imserso.
En cualquier caso, el organismo extiende la recomendación de limitar este tipo contrataciones a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en otro informe de fiscalización correspondiente al periodo que va entre 2010 y 2012. Y es que, en 2013, la Tesorería General de la Seguridad Social celebró 7.462 contratos menores por valor de 12 millones.
En 2010, la contratación menor supuso el 10% del importe global adjudicado
"Se sigue abusando del contrato menor", ha denunciado Álvarez de Miranda en el Congreso, donde ha asegurado que en el año 2010 este tipo de contratación supuso el 10% del importe global adjudicado. En cifras, esto viene a ser unos 36,5 millones por 20.270 contratos. "Es un proceso de "escasas garantías de publicidad y concurrencia", ha denunciado.
A su parecer, hay mucha contratación menor que podría haberse tratado de forma conjunta, lo que habría permitido acceder a condiciones más ventajosas de adjudicación y mejoras en la prestación de los servicios. Para restringir este tipo de contratos, ha apostado por transponer la normativa comunitaria de contratación pública. "Podría ser muy positivo", ha dicho.
