Victoria de la banca. Tras dos días de deliberación, los magistrados del Tribunal Supremo han dictaminado que el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), que oscila de media entre los 2.000 y 3.000 euros por hipoteca, debe recaer sobre sobre el cliente.
Así lo ha decidido en la tarde de este martes el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ha estado compuesto por 28 magistrados -se ausentaron tres- después de dos sesiones de intenso debate sobre la doctrina a aplicar en tres recursos entre la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) de Rivas-Vaciamadrid, el Estado y la Comunidad de Madrid.
El hecho de que el Alto Tribunal haya reculado con respecto a la doctrina establecida el pasado 18 de octubre supone una importante victoria judicial para la banca, que se ahorrará el pago de 640 millones de euros al año si no tiene que asumir el gravamen, según los cálculos de Moody's.
No obstante, también representa un alivio para la Agencia Tributaria, ya que si se hubiera decretado una retroactividad de cuatro años las comunidades autónomas hubieran tenido que devolver hasta 5.000 millones de euros, según los cálculos de Hacienda, por el impuesto de la hipoteca. Esta cifra hubiese comprometido el objetivo de España de salir del procedimiento de déficit excesivo, ya que hubiera elevado el desequilibrio presupuestario en cuatro o cinco décimas.
En cualquier caso, la decisión sí que supone un enorme desprestigio para el Alto Tribunal, que con sus idas y venidas respecto al impuesto de la hipoteca ha generado una situación de incertidumbre sin precedentes.
