La nueva ley de Vivienda que han acordado PSOE y Unidas Podemos cuanto menos facultará a las comunidades y ayuntamientos para imponer, bajo ciertas condiciones y en puntos tensionados, bajadas de precios a los grandes caseros que tengan más de diez casas (un 15% del mercado, según cifras del ala socialista). A la espera del resultado final, los fondos privados propietarios de vivienda en España denuncian que han dejado de ser consultados desde la salida de José Luis Ábalos y Pedro Saura del ministerio, señalan fuentes del mercado a Vozpópuli.
"No sé qué cara se le habrá quedado a Saura después de lo de hoy", dice una de las fuentes consultadas. "Los fondos extranjeros quieren un 3% de rentabilidad neta anual de aquí a 30 años; a cambio, empiezan a construir mañana. Hay suelos públicos, el problema de la vivienda, la necesidad de un millón de pisos, se resuelve con colaboración público-privada", resume una de estas fuentes, incidiendo en la escasa capacidad de inversión del Gobierno (1.000 millones para 20.000 pisos en todo el Estado).
Las mismas fuentes advierten de que la regulación profundizaría las diferencias entre la apuesta inversora por unos y otros puntos del Estado. Por lo pronto, el país solo ha captado el 10% de la inversión necesaria para igualar su oferta de alquileres con la Unión Europea (inversión privada para 90.000 pisos frente al millón que se necesita). En el primer año del control de los precios del alquiler en Cataluña, los visados de obra nueva cayeron allí y subieron en Madrid, destacan fuentes del mercado.
"El riesgo de bajadas de rentas en zonas declaradas tensionadas por ayuntamientos abre un reino de Taifas en el mercado inmobiliario español y anulará la inversión en localizaciones consideradas 'de alto riesgo' para los inversores", afirma Mikel Echavarren, CEO de la consultora de inversiones de Colliers.
Confianza en Madrid, presión al PNV
Representantes del alto sector inmobiliario dicen conservar su confianza y seguridad respecto a la Comunidad de Madrid, donde han empezado a centrar sus inversiones en el segmento del build to rent, esto es, de la promoción de vivienda nueva para un uso exclusivo en alquiler.
Desde la Comunidad de Madrid, bastión del Partido Popular, aseguran que harán todo lo posible por oponer un escudo sin fisuras frente a medidas intervencionistas sobre los precios: hacen falta unos 300.000 nuevos pisos. "Estaremos atentos al texto, pero si su aplicación dependiera de las comunidades autónomas, buscaríamos cómo blindarnos frente a políticas intervencionistas para proteger a los propietarios", afirma Paloma Martín, consejera de Vivienda de la CAM.
Se espera que Andalucía, la otra comunidad donde más pisos se precisan (unos 400.000), siga sus pasos mientras la gobierne la coalición PP-Cs. En Euskadi no hacen falta tantos pisos, pero fuentes del mercado inciden en que una ley como la que se tramita va en contra de un tipo no desdeñable de votantes del Partido Nacionalista Vasco y del propio espíritu del PNV, clave en la votación de los Presupuestos Generales del Estado a la que la ley de Vivienda está ligada.
La vivienda en Cataluña, piedra de toque
En Cataluña harían falta cerca de 200.000 nuevas unidades de vivienda para que los alquileres supongan un 35% de los ingresos. El Gobierno catalán ya aprobó hace un año una ley que topa los precios, que se ha visto sucedida de una bajada de los alquileres del 10% como en Madrid y con menos oferta. El Constitucional estudia su legalidad tanto en la forma (competencia de la Generalitat) como en el fondo (impacto en la propiedad privada), aunque la flamante ley de Vivienda de PSOE-UP zanjaría, al menos, las dudas sobre la forma.
La mayor gestora de inversiones inmobiliarias del mundo CBRE ya advirtió en su momento de que las medidas de imposición de vivienda social a las nuevas promociones inmobiliarias en Barcelona -como las que se prevén también para la ley de vivienda en el Estado- redujeron los nuevos visados de obra en un 60%.
No obstante, también es cierto que las hay, menos, promotoras interesadas en este segmento, como Culmia, que ya cuenta con que la vivienda para alquiler (build to rent y, también, vivienda protegida) acapare hasta un 60% de sus nuevos proyectos con Madrid, Barcelona y Málaga como grandes epicentros.
