Franzisca Giffey, la próxima primera alcaldesa transgénero de Berlín, se ha comprometido a acatar el resultado del referéndum no vinculante para expropiar más de 200.000 potenciales viviendas en la capital alemana. No obstante, pese al apoyo a la moción de un millón de berlineses (el 30% del total y más del 50% de los que votaron), la posible primer edil socialista ha dejado claro, desde antes de formar gobierno, que no está de acuerdo con la expropiación. La izquierda alemana ya teme que Giffey (con el 21% de los votos) acabe trazando alianzas que dejen la medida en el aire.
El motivo de la socialista entronca con el esgrimido por economistas identificados con la propia izquierda: es el importe que supondría para el erario público berlinés acometer la operación en favor de las empresas propietarias de más de 3.000 pisos en la ciudad. Vonovia, la mayor inmobiliaria alemana y mayor casera en la otrora capital germano-soviética con más de 100.000 pisos, cerró su primera jornada tras el referéndum con una subida del 3% en la Bolsa alemana.
Muchos de los edificios que se cuestionan pertenecían en el pasado a Berlín. Se construyeron y se pagaron con nuestro dinero. Y luego se vendieron a capital privado a precios ridículos
La previsión más baja de indemnizaciones a pagar a las empresas oscilaría entre los 8.000 y los 14.000 millones de euros atendiendo a los propios activistas promotores de la iniciativa Expropiar a Deutsche Wohnen -la segunda mayor inmobiliaria en Berlín- & Compañía, con sede en el que fuera el lado soviético a una manzana del Muro. El Gobierno alemán eleva las penalizaciones potenciales hasta casi 40.000 millones, una cifra que supera el valor en bolsa actual de Vonovia, a lo que cabría sumar el impacto en la seguridad jurídica de cara a la captación de nuevos inversores.
"La socialización de los pisos durará toda la vida", contestan desde la plataforma activista. "Muchos de los edificios de Deutsche Wohnen pertenecían en el pasado a Berlín. Se construyeron y se pagaron con nuestro dinero. Y luego se vendieron a capital privado a precios ridículos. Esta propuesta revierte ese error", reivindican.
Corto vs largo plazo: la misma disyuntiva de la vivienda
Por lo pronto, la menor cantidad prevista por los activistas berlineses, la de los 8.000 millones, supera lo que destinó el Gobierno de España a la partida de Vivienda en sus Presupuestos Generales en los últimos diez años. El Ejecutivo socialista ha incrementado la partida de cara a los PGE 2021, hasta superar los 2.000 millones anuales, que están pendientes de ejecución real.
Al margen de este paralelismo de cifras, existen otros entre la situación política y social de la vivienda en Berlín y parte de España. Los socialistas de la ciudad estiman que hay demanda para unas 20.000 viviendas anuales más de aquí a 2030, casi en línea con lo que estima el Gobierno socialista español para Madrid o Barcelona. La falta de una apuesta genuina por impulsar, a largo plazo, vivienda pública, es un déficit reconocido a ambos lados del espectro político-ideológico español conforme se aleja el estigma de la burbuja inmobiliaria.
El flamante referéndum parece un paso de protesta más allá del control de precios que la propia capital germana aprobó en 2020, precisamente para evitar el desembolso de fondos públicos como el que supondrían las expropiaciones
En Berlín, el flamante referéndum parece un paso de protesta más allá del límite de precios que la propia capital germana -gobernada por la Izquierda y los Verdes- aprobó en 2020, precisamente como una medida intervencionista que evitara un desembolso de fondos públicos como el que supondrán las expropiaciones.
El Constitucional alemán, que había avalado anteriormente como "proporcionadas" normativas que topen las subidas a un 10% en ciertas zonas y bajo ciertas condiciones, ha frenado el tope per se de los precios por considerarlo inconstitucional: en lo fundamental, ha sentenciado que las autoridades de Berlín no tienen competencias, cuestionando el encaje de su ley en la federal a tenor de su impacto en la relación entre el propietario y el arrendatario. La oposición política al dúo Izquierda-Verdes cita estudios que reflejan una caída de la oferta privada tras el control de Berlín.
En España, el Tribunal Constitucional estudia ahora la legalidad del primer tope de precios sobre el alquiler en el Estado, el de Cataluña, que el PSOE dilata extender al resto de España como le exige Unidas Podemos. Juristas consultados por este medio, incluido uno que estuvo en el desarrollo de la ley catalana, apuntan que, dadas sus últimas resoluciones, lo más probable es que el Alto Tribunal español siga el camino de su par alemán.
