"El que se mueva no sale en la foto", advirtió en su día el que fuera vicepresidente del Gobierno y vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, para reclamar disciplina interna en un partido que ya andaba dividido. La frase viene que ni pintada para lo que se vivió ayer en el Senado. La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, salpicada por el caso Imelsa, el mismo que ha costado la imputación a nueve de los diez actuales concejales del PP en esta ciudad, hace tiempo, según voces internas de Génova, que no cumple con la disciplina de regeneración al negarse a dimitir como senadora, manteniendo así su condición a aforada. La Thatcher valenciana se movió este martes dando una rueda de prensa en la que se aferraba al cargo y no salió en la foto, en el retrato de familia del Grupo Popular de la Cámara Alta en el arranque de esta XI Legislatura.
Barberá eligió la mañana de ayer para comparecer en la sede del PP de Valencia ante los medios y comunicar que aceptaba la invitación del juez para prestar declaración voluntariamente en el marco del caso Imelsa. Al comienzo de su intervención, indicó que no podría llegar a tiempo a Madrid para estar con sus compañeros en la breve reunión de grupo que mantendrían previa al Pleno de por la tarde. Esa reunión fue aprovechada por los populares para hacerse la foto de familia coincidiendo con la primera sesión plenaria de la legislatura. La dirección del Grupo Popular podría haber pospuesto la instantánea a otro momento, pero no lo hizo y Barberá fue la gran ausente. La exalcaldesa sí ocupó su escaño a partir de las cuatro de la tarde tras viajar en AVE desde Valencia a la capital.
La dirección del Grupo Popular podría haber retrasado la foto de familia al término del Pleno, pero no lo hizo
No faltaron a la foto, en cambio, otros senadores del PP que también están en la picota, como Antonio Galván, número uno por Badajoz e imputado por delito electoral, o Juan Soler, exalcalde de Getafe, señalado por una sospecha adjudicación para la reconstrucción del Teatro Madrid. En el caso de Galván, el PSOE llegó a pedir la dimisión del regidor del municipio pacense de Calzadilla de los Barros tras presentar una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) por el supuesto empadronamiento "irregular" para los comicios de 2011 de 63 personas que no eran residentes del municipio con "el objetivo claro y evidente de aumentar el número de electores que aparecen en el censo electoral, y que éstos manifestaran su voto a favor del PP". Esos 63 vecinos habían sido empadronados en garajes, edificios propiedad del ayuntamiento, corralones y casas derruidas.
El pasado 3 de febrero, Galván estaba llamado a declarar voluntariamente ante el juez como investigado (antes imputado), pero no acudió a la cita y se acogió a su condición de aforado, con lo que sólo podrá ser convocado de nuevo por el Tribunal Supremo. Desde el PP esgrimen que la causa ya fue rechazada administrativamente por la Oficina del Censo Electoral y luego por el juzgado número 2 de Zafra. La Audiencia Provincial ordenó luego a dicha instancia reabrir la investigación al hallar indicios de delitos.
Seis detenciones por el Teatro Madrid
Respecto al caso del Teatro Madrid en Getafe y la polémica licitación en época del mandato de Juan Soler, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Getafe dirige la investigación desde hace ocho meses y mantiene el secreto de las actuaciones. De momento, la querella presentada en su día por Roberto Benítez, vecino de Getafe, ha derivado en la detención de tres funcionarios y otros tres empresarios, todo ellos puestos en libertad el pasado miércoles. Benítez, como informó Vozpópuli el viernes, señala que las irregularidades apuntan al exalcalde: "El juez, siendo cauto, le quita de momento (de sus resoluciones), porque es un aforado del Senado que tendría que ir al Tribunal Supremo, pero los concejales siguen figurando". Por su parte, Soler sostiene que sólo se trata de una operación del PSOE local para desprestigiar al PP.
