El artículo del Observatorio Económico y Social de Cataluña (OBESCAT) que cerró 2019 y abrió 2020, mostraba que ni a los Borbones ni a Franco, como a veces sugieren los políticos nacional-independentistas, cabe achacar la pérdida de dinamismo de la economía catalana, un fenómeno que se ha producido en las últimas décadas, coincidiendo precisamente con el período en que Cataluña ha disfrutado de mayor autonomía y competencias desde el siglo XVIII.
Asimismo, apuntaba que Cataluña ha estado desde 1980 en manos de políticos megalómanos que han querido convertir la Generalitat en un mini-estado, creando una administración desproporcionada para el tamaño y las necesidades de la región, y muy costosa, tanto por los desorbitados sueldos que se han atribuido a sí mismos esos políticos, los mejor pagados del Estado, como por los elevados sueldos de los empleados autonómicos, superiores a los de sus homólogos en la Administración Central y el resto de Administraciones Autonómicas.
Políticos que, además, han destacado por su ingenio y celo a la hora de montar fundaciones y sociedades interpuestas con el único propósito de hacerse con un porcentaje del montante de los contratos de obras públicas y prestación de servicios otorgados por las Administraciones catalanas, bien para enriquecimiento propio o de sus familiares más próximos, bien para sufragar gastos electorales u operativos de sus partidos. La noticia publicada esta semana en diversos diarios sobre las actividades presuntamente ilícitas que afectan a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente del que dependen TV3 y Catalunya Radio entre otros medios de comunicación públicos, va a servirnos para ilustrar como la megalomanía, el sectarismo ideológico y la corrupción han ido de la mano en la política catalana, y mostrar qué no andábamos muy descaminados quienes sostuvimos cuando estalló el caso Palau de la Música, una trama con la que se financió ilegalmente en los años 80 y 90 Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC), al partido de Pujol, Mas y Puigdemont, era sólo la punta del iceberg de la corrupción convergente.
Si la Consejería de Educación ha sido el instrumento empleado por el gobierno de la Generalidad de Cataluña para imbuir una visión sesgada de la sociedad y de la historia a niños, jóvenes y profesores, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ha sido la oficiosa ‘consejería’ de propaganda que la presidencia del gobierno de la Generalitat ha empleado para crear un estado de opinión a favor de la ideología nacional-independentista en programas informativos, documentales y hasta en series de ficción. Aunque el abuso de los medios de comunicación públicos por los poderes ejecutivos ha sido generalizado en España, el Cuadro 1 desvela su intensidad en Cataluña donde el presupuesto de la CCMA, 307,2 millones en 2008, casi duplica el de Andalucía (162,7 millones), pese a la mayor población y extensión
de esta Comunidad, por no hablar de la Comunidad de Madrid cuyo presupuesto, 79,7 millones, apenas excede un cuarto del presupuesto de la CCMA. Pese a que la cuantía total presupuestada por todas las Comunidades, 1.049,28 millones, incluye a EIT en El País Vasco, otra entidad con un presupuesto desmesurado, el porcentaje de la CCMA en 2018 ascendió a 28,9%, un porcentaje muy superior al que le correspondería por PIB, población o extensión geográfica. No contento con ello, Torra decidió aumentar el presupuesto de la CCMA a 326 millones en 2019.
Una comparación muy reveladora
Para hacernos una idea de la importancia que el gobierno de la Generalitat concede a la labor de la CCMA basta con comparar los recursos que aparecen en la Memòria Anual d’Activitats 2018, 317,7 millones, con el presupuesto de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 313,1 millones, para ese mismo ejercicio. Dejando al margen que la CCMA ha sido el instrumento principal empleado por la Generalitat para "lograr que los medios de comunicación públicos sigan siendo unos transmisores eficaces del modelo nacional", difundiendo para ello “de forma clara los conceptos relativos a la identidad catalana” en todo el ámbito de los Països Catalans , en tanto que la la UAB se ha consolidado como una de las instituciones universitarias españolas mejor situadas en los rankings internacionales, me importa subrayar que la similitud
del montante total de ambos presupuestos esconde diferencias muy significativas en el modus operandi de ambos organismos que aparecen con nitidez al desglosar sus ingresos y gastos.
Según se desprende de las Comptes Anuals 2018, la CCMA ingresó 58,9 millones en concepto de Cifra de negocios (principalmente ingresos por publicidad) y 243,5 millones por Otros ingresos, el grueso (240,2 millones) subvenciones concedidas por la Generalitat. En el caso de la UAB, los ingresos por Tasas y otros precios públicos ascendieron a 104,3 millones y la suma de transferencias corrientes (174,4 millones) y de capital (32,8 millones) alcanzó 207,2 millones. Así pues, los ingresos propios de la UAB casi doblan la cifra de negocios de la CCMA y las transferencias corrientes de la Generalitat a la UAB son considerablemente
inferiores a las subvenciones recibidas por la CCMA.
En cuanto al gasto, la CCAB destinó 63,8 millones a Aprovisionamientos, 180,8 millones a Gastos de personal y 70,5 millones a Otros gastos de explotación, de los que 66,9 millones correspondieron a Servicios externos. En el caso de la UAB, las Compras de bienes corrientes ascendieron a 54,5 millones, el Gasto de personal a 206,3 millones y las Inversiones en material e investigación a 34,3 millones. Al comparar los presupuestos de gastos, hay tres diferencias muy significativas. En primer lugar, los gastos en Aprovisionamientos y Servicios exteriores ascendieron a 135,3 millones en la CCMA frente a los 54,5 millones de Compras de bienes corrientes en la UAB. En segundo lugar, la casi total ausencia de gastos de inversión en la CCMA frente a los 34,3 millones invertidos en la UAB. Y, por último, existe una enorme
brecha entre el número de personas empleadas en la CCMA, 2.290 trabajadores, y los 3.868 empleados en tareas docentes e investigadoras y 2.275 en administración y servicios en la UAB.
Puesto que los gastos de personal fueron 180,8 millones en la CCMA y 206,3 millones en la UAB, la diferencia en el salario medio entre ambos organismos resulta abismal: 79.000 € en la CCMA frente a 33.600 € en la UAB.
Prácticas irregulares
Otra importante diferencia entre ambas instituciones es el rigor que preside los procesos de licitación, reconocimiento de obligaciones y control de los pagos realizados. En particular, la concentración de las compras de servicios de la CCMA en unas pocas productoras creadas por exdirectivos y empleados de TV3 ha levantado numerosas suspicacias y sospechas dentro y fuera de la institución.
Las causas judiciales en que está involucrada Triacom Audiovisual, una productora de largometrajes y series para TV3 que preside Oriol Carbó, exdirector gerente de TV3, nos han permitido conocer que la CCMA ha abonado sumas millonarias a una empresa presidida por un hombre de confianza, por trabajos que nunca fueron realizados o por importes muy superiores al valor de los servicios prestados. Y al igual que ocurrió en el caso Palau, el destino final de una parte del dinero de los contribuyentes canalizado a través de una oscura trama empresarial era la caja de CDC.
¿Cómo es posible se preguntarán los lectores que ni la CCMA ni ningún organismo de la Generalitat detectara y denunciara las irregularidades en que ha incurrido una de la productoras ‘estrella’ de TV3? Intentaremos responder la pregunta la próxima semana.
