La Autoridad Catalana de Competencia (ACCO) ha impugnado dos licitaciones del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), presidida por Ada Colau, por un importe total de 350 millones de euros al considerarlas "altamente restrictivas de la competencia".
La ACCO había interpuesto sendos recursos contencioso-administrativos contra las licitaciones del servicio público de transporte colectivo de viajeros entre los barrios de Horta y Gràcia de Barcelona y, por otro, al servicio público de transporte colectivo de viajeros entre Sant Boi de Llobregat, Barcelona y otros municipios del Baix Llobregat y el Barcelonès. El valor de cada contrato asciende a 30.370.981 y 319.205.779 euros, respectivamente.
La ACCO había efectuado sendos requerimientos previos a la vía jurisdiccional, a los efectos que el Consejo Metropolitano del AMB procediera, en el plazo de un mes, a declarar la nulidad o, subsidiariamente, a derogar o dejar sin efecto los acuerdos relativos a estas licitaciones.
Las licitaciones limitan la competencia
A su juicio, "los pliegos de cláusulas administrativas y económicas particulares y de prescripciones técnicas que rigen estas contrataciones contienen previsiones altamente restrictivas de la competencia". En este sentido, según el organismo presidido por Marcel Coderch, las licitaciones "limitan de manera grave la concurrencia y la competencia por el mercado".
"Se exige un nivel de experiencia previa en número de Km recorridos anuales en transporte urbano muy elevado que limita injustificadamente el número de operadores que pueden participar en las licitaciones", ha destacado la institución.
"En el caso de presentarse en forma de UTE, se exige que, como mínimo, una de las empresas que la conforman disponga de la totalidad de la referida solvencia técnica, por lo que la posibilidad de concurrir en UTE, deja de configurarse como una figura pro-competitiva (pues, no permite presentarse a la licitación a empresas de reducidas dimisiones que conjuntamente ostenten la solvencia exigida)", ha continuado Competencia de Cataluña.
"Se valora disponer de terrenos para cocheras en un determinado radio territorial que dificulta significativamente que empresas no implantadas previamente en el territorio puedan cumplir con dicho requisito", ha argumentado en su recurso la ACCO.
También incide en que "la competencia en términos de precio" se encuentra "fuertemente diluida", con una valoración de 32 puntos sobre 100, mientras que la fórmula aplicada para distribuir esos 32 puntos "es muy poco sensible a las bajas presentadas por los licitadores". Por tanto, las diferencias de puntos asignadas entre los diferentes licitadores en relación con este factor serán muy reducidas, lo que conlleva que la importancia del criterio "precio" sea, en la práctica, aún más residual.
Por este motivo, ha insistido en que declare la nulidad o la derogación o dejar sin efecto estas licitaciones, mientras la AMB insiste en aprobar procedimientos de contratación regidos por las mismas cláusulas problemáticas desde una perspectiva de competencia y que han sido impugnadas por la ACCO ante la jurisdicción contenciosa-administrativa.
"De la falta de concurrencia y competencia en una licitación pública, no sólo resultará perjudicado el funcionamiento competitivo del mercado, sino también la propia Administración Pública licitadora", y por tanto "los contribuyentes", que "con mucha probabilidad pagarán un precio más elevado", y los usuarios, que "recibirán un servicio de peor calidad".
