Foment del Treball muestra sus dudas sobre la constitucionalidad de el decreto de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, aprobado por la Generalitat de Quim Torra y convalidado en el Parlament el pasado 5 de febrero.
La organización empresarial constata que el decreto puede reducir el parque de viviendas de alquiler al imponer normas rígidas en el mercado. "La sobreprotección de una de las partes conllevará que la otra se retraiga", ha advertido. "Como consecuencia se puede reducir aún más el escaso nivel de vivienda en alquiler a medio y largo plazo y un aumento del precios para la reducción de la oferta", ha considerado.
También ha señalado que estas medidas contradicen lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos que corresponde en exclusiva al Gobierno del Estado. La administración no puede obligar, a menos que tenga la calificación permanente de la edificación o vivienda, a ofrecer un alquiler social, que puede llegar afines a un período de 14 años.
A juicio de la patronal, "daña el derecho constitucional a la propiedad y supone la expropiación de rendimientos sin la debida compensación que exige el precepto constitucional". Según ha comunicado, el fin, en este caso loable, no justifica los medios.
La Constitución garantiza el derecho a la propiedad, ha recordado Foment, y su función social, que debe estar tabulada y compensada, tal y como establece la ley de expropiaciones. "No se pueden fijar cargas que dañen este derecho sin compensación", ha criticado.
La administración no puede alterar el precio
Las situaciones de vulnerabilidad social deben ser contempladas desde la acción política presupuestaria y nunca, y esencialmente, a través de medidas reguladoras, ha apuntado la patronal, pero señala que no se pueden alterar los equilibrios de las partes y los parámetros principales como, por ejemplo, el precio.
En este sentido, ha indicado que es la administración la encargada de dar una respuesta social a las situaciones de vulnerabilidad, y "en ningún caso se debe trasladar esta obligación y responsabilidad a los operadores privados".
Además, el hecho de que los alquileres no se fijen en función del precio regulado, sino de los ingresos de los inquilinos genera incertidumbre por un periodo muy dilatado, sin tener en cuenta el coste de la edificación o vivienda. Esto perjudica enormemente las nuevas inversiones para agrandar el parque de viviendas de alquiler.
Adicionalmente, el Decreto de vivienda de enero, pendiente de validación, incorpora un nuevo párrafo al nuevo decreto, que obliga a ofrecer un alquiler social a los ocupantes de viviendas sin títulos que lo permitan, como las okupaciones ilegales, otorgando "derechos desproporcionados a quien no los tiene" y "obligaciones a los que tiene derechos".
