Tirar la piedra y esconder la mano. Eso es exactamente lo que ha hecho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al obligar a las constructoras a destinar el 30% de sus promociones de pisos en la ciudad a viviendas de protección oficial. La falta de mecanismos para aplicar la medida ha traído consigo que no se haya podido conceder todavía ninguna licencia de obras, para desesperación de promotores y técnicos.
Las restricciones de Colau tienen el sector de la construcción de vivienda en Barcelona al borde de la parálisis total. Las oficinas de los distritos donde se tienen que tramitar los permisos de obras son un caos porque nadie sabe cómo se tramita la licencia del 30% de los pisos públicos que las constructoras están obligadas a edificar por decisión del gobierno de Colau.
Entre los promotores que no consiguen que sus expedientes prosperen y los que prefieren pasarse a construir oficinas o invertir en ciudades con menos cortapisas municipales “prácticamente no se están concediendo licencias de obra nueva y el número de VPO comenzadas en Barcelona es igual a cero”, coinciden en aseverar varios expertos del sector inmobiliario consultados por El Liberal.
No hay constancia de ninguna promoción de VPO
El Ayuntamiento de Barcelona no acaba de reconocer el fiasco y solo aporta datos de los expedientes de obras que se han empezado a tramitar, pero no de los concedidos. Los números son igualmente decepcionantes, casi irrisorios, Según un portavoz de la tenencia de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, “en 2019, se solicitaron 83 licencias que podrían estar afectadas (por la obligatoriedad) del 30%, De estas, 71 han esquivado la medida, cinco han sido denegadas y (solo) siete son susceptibles de ser tramitadas”, reconocen. De esos ridículos siete proyectos (el 8,7% del total) no hay constancia de que se haya concedido ninguna licencia y menos de que se haya puesto ni el primer ladrillo. Ni los cimientos.
El portavoz municipal del área de Urbanismo reconoce que es cierto que durante el año pasado “se ha notado una desaceleración” en la concesión de licencias en Barcelona pero lo atribuyen a factores coyunturales. “Se prevé que a partir de 2020 será cuando se vean los efectos reales de la obligación del 30%” en la construcción de viviendas sociales, aseguran las mismas fuentes.
Pero el optimismo municipal choca con la realidad a la que deben frente en el día a día los técnicos de urbanismo de los distritos municipales y los promotores inmobiliarios porque se encuentran frente a un callejón sin salida. El trasfondo es que la restricción del 30% se ha aplicado “por motivos electoralistas y por populismo” sostienen las fuentes del sector consultadas. "La decisión política no ha ido acompañada de la creación de los pertinentes mecanismos técnicos necesarios para la tramitación y la concesión de un tipo de licencia completamente nuevo y del que no hay precedentes”, explica el responsable de tramitar licencias de varios promotores de vivienda barceloneses.
Un pez burocrático que se muerde la cola
Todo apunta a que, al tomar la decisión política del 30% no se tuvo en cuenta que el responsable de conceder la calificación de VPO a una promoción no es el Ayuntamiento de Barcelona sino la Agencia de la Vivienda de Cataluña, un organismo dependiente de la Generalitat. Pero para conceder la calificación VPO, la Agencia de la Vivienda necesita que el ayuntamiento de luz verde primero la licencia de obras. Sin embargo, los técnicos municipales barceloneses consideran que para tramitar el permiso de obras, la Agencia tiene que conceder primero la calificación de VPO. Es una versión moderna del viejo dilema de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?
Ante este círculo vicioso. constructores y promotores se llevan las manos a la cabeza. “Es un pez que se muerde la cola y mientras tanto no se conceden licencias. Nadie ha logrado ni el permiso ni la validación del anteproyecto. Todo está parado”, se quejan desde el sector. Y cargan contra el gobierno de Barcelona en Comú: “El quid de la cuestión es simplemente una nula capacidad de gestión del equipo de Colau. No se ha diseñado el procedimiento para la concesión de estas licencias especiales de VPO ni los técnicos municipales están preparados para tramitarlas”, corroboran las mismas fuentes.
Para desesperación general, el tiempo corre y el sector de la vivienda en Barcelona retrocede peligrosamente y con los vetos también la actividad económica. Según el Col.legi d’Arquitectes de Catalunya (CAC), se calcula que el 30% de los promotores que pensaban construir pisos en Barcelona han decidido finalmente “construir oficinas” para esquivar la obligación del 30% de VPO. La Associacio de Promotors de Catalunya (APCE) ha constatado que durante 2019 la construcción de pisos en Barcelona se ha caído un 46,9% respecto a 2018, un registro dramático
Si no se construye, los precios suben
El frenazo en la construcción es peligroso porque “si no se construye, los precios suben”, advierte Chicho Ruiz, urbanista barcelonés y experto en tramitación y elaboración de proyectos. Y la subida de precios de los pisos es una realidad más que constatada. El precio del metro cuadrado construido en Barcelona se situó en 7,293 euros/m2, disparándose un tremendo 6,9% en la ciudad, con un máximo del 11,5% en el distrito de Sant Andreu, según cifras recopiladas por la APCE. Como consecuencia directa de la subida en los precios de la vivienda, en Barcelona se hace cada vez más difícil (prácticamente imposible) que una familia de clase media pueda adquirir un piso en la ciudad.
“Si Colau hubiera prometido durante la campaña electoral que iba a subir los precios de los pisos en Barcelona, estaría cumpliendo su promesa”, ironiza un promotor. Solo hay que sumar dos y dos para ver que los números no mienten, Si en vez de pisos se construyen oficinas, hay menos oferta de vivienda en el mercado y los precios suben. Si no se conceden licencias y no hay obra nueva, los precios suben. Y si los promotores tienen que bajar los precios del 30% de sus pisos por que son VPO obligatoria, lo compensarán subiendo el precio de venta del 70% restante.
Pero al gobierno de Ada Colau no parece importarle porque sigue plantado en sus trece. “La medida del 30% es una política valiente en favor del derecho a la vivienda y tiene un gran apoyo social, porque el 85% de los barceloneses está a favor”, insiste el portavoz municipal de Urbanismo. Y lanza un aviso para navegantes: “El sector privado ha de ser consciente de ello y se ha de co-responsabilizar del impulso de la vivienda asequible. La medida del 30% se va a cumplir. En Barcelona no se especula con el derecho a la vivienda”, sentencia el portavoz. Y mientras, los precios de los pisos por las nubes y más allá.
