El Gremio de Restauración de Barcelona ha pedido este viernes al ayuntamiento una período de carencia de medio año en impuestos, tasas, cánones o alquileres de equipamientos que dependan del gobierno municipal dada "la situación de emergencia económica" que ha generado la crisis del coronavirus.
Los restauradores de la capital catalana critican que el consistorio no haya adoptado "medidas excepcionales de carácter económico" y llaman al gobierno municipal a "bajar el ritmo" recaudatorio, sirviéndose de una expresión que la propia alcaldesa, Ada Colau, ha utilizado como recomendación a la ciudadanía para hacer frente a la actual situación, han informado en un comunicado.
En concreto, el Gremio pide una carencia de seis meses en las siguientes partidas: tasa de terrazas, precio de la cesión de los restaurantes del Puerto Olímpico, espacios de restauración emplazados dentro de los mercados, los cánones de los chiringuitos, establecimientos de restauración del Poble Espanyol y "otras actividades de restauración en las que intervenga, de una forma u otra, el ayuntamiento".
Ralentizar la actividad recaudatoria
En palabras del director del gremio, Roger Pallarols, "el ayuntamiento debería ser consecuente con sus demandas y ralentizar su actividad recaudatoria".
Los restauradores barceloneses también califican de "insuficientes" las medidas adoptadas tanto por el Govern de la Generalitat como por el Ejecutivo central en materia económica.
No les parece que la apertura de líneas de crédito anunciadas vaya en la línea correcta, pues animan al empresario a endeudarse "para asumir unos costes que no puede pagar al haber dejado de facturar a su ritmo habitual".
Los ERTO pueden contribuir al mantenimiento de las plantillas
También avisan de que el aplazamiento de impuestos anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por mucho que sea "sin intereses ni recargas" solo "empuja hacia adelante el problema".
Por ello el Gremio insiste en que los Expedientes de Regulación Temporal de Ocupación (ERTO) son "la herramienta de flexibilización interna que mejor puede contribuir al mantenimiento de las plantillas".
Piden así al Gobierno central tomar medidas para que el empresario "pueda adoptar esta decisión de forma unilateral y con carácter inmediato, sin que deba intervenir la autoridad laboral o administrativa".
