La convalidación del decreto sobre la administración digital ha puesto de manifiesto las contradicciones entre los socios de la investidura de Pedro Sánchez: PSOE y Unidas Podemos. Tambien  ERC  y otros socios potenciales  han mostrado una postura muy crítica con la medida y han exigido su retirada para iniciar negociaciones para la investidura.

En plena resaca por la convalidación, el PSOE y ERC se reúnen este jueves en el Congreso de los Diputados, un encuentro considerado "clave" para los republicanos.

Desde ERC, la hermana de Dolors Bassa, Montserrat, ha calificado de "ofensiva represiva" este decreto. Así, ha asegurado que el Estado "no podrá parar el 'tsunami' y la voluntad democrática del pueblo catalán". "No habrá estabilidad política mientras no aborden políticamente los conflictos y mantengan la vía represiva", ha dicho. Una advertencia que hace tambalear la investidura de Sánchez con el apoyo de ERC.

JxCat ha aprovechado para presionar aún más a ERC, al exigirle que incluya la derogación de la nueva normativa en las negociaciones para la investidura.

La formación liderada por Laura Borrás en el Congreso ha tildado de "represiva" y un "155 por la puerta de atrás" este decreto. "Se ha aprobado el Estado de excepción digital", ha asegurado el consejero de Políticas Digitales y Administraciones Públicas de la Generalitat, Jordi Puigneró (JxCat), quien ha introducido a España en el mismo saco que Turquía, China e Irán. "Se ha optado por la represión en vez de proteger los derechos de los ciudadanos", ha enfatizado. Por este motivo, cree que esta vulneración de "los derechos digitales de los ciudadanos catalanes no le saldrá gratis a Pedro Sánchez".

JxCat cree que Sánchez abre la puerta a la gran coalición

Sánchez "ha puesto una piedra muy gorda encima de la mesa a la hora de hacer mucho más difícil su investidura", ha continuado con su crítica. También ha mostrado su preocupación por el papel de Unidas Podemos sobre este decreto. "Las sillas están por encima de los derechos", ha cargado.

Puigneró ha advertido que Sánchez ha abierto la puerta a "tener nuevos socios de Gobierno", ya que la nueva normativa ha contado con el apoyo de PP y Ciudadanos. La Generalitat, por su parte, ha pedido al Consejo de Garantías Estatutarias el informe de inconstitucionalidad del decreto, al tiempo que será denunciado también internacionalmente. "Se combatirá a todos los niveles de la administración", ha afirmado Puigneró.

El decreto, aprobado en campaña

El decreto trata de frenar la expansión digital de los independentistas. Ha sido aprobado por los 50 votos de los socialistas, PP y Ciudadanos, la abstención de Unidas Podemos y el voto en contra del resto.

Esta medida fue aprobada por el Gobierno en funciones en plena campaña electoral. "No va a haber independencia offline ni online, el Estado va a ser igual de contundente en el mundo digital que lo es en el mundo real", había argumentado Pedro Sánchez. Con la medida, el Ministerio de Economía tendrá la gestión directa y los servicios de comunicaciones electrónicas "en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional".