Amnistía Internacional ha defendido este martes que el juicio del procés fue justo. Un informe de la organización concluye que "no se ha encontrado ningún factor que indique que el juicio, en su conjunto, fuese injusto, según los estándares internacionales". Así lo ha expresado en rueda de prensa Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
A la vez, Amnistía Internacional pide la "inmediata puesta en libertad" de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. La organización presenta en Barcelona un informe sobre el juicio del procés que se llevó a cabo a principios de año en el Tribunal Supremo
La organización considera que los jueces del Supremo realizaron una interpretación "excesivamente amplia y peligrosa" del delito de sedición que condujo a la "criminalización de unos actos de protesta legítima", la concentración ante la conselleria de Economía del día 20 de septiembre de 2017.
Así lo ha transmitido este martes la coordinadora de Amnistía Internacional en Cataluña, Ariadna Ribas."No se puede abrir la puerta para la criminalización de una serie de actos de protesta pacífica", ha incidido Beltrán, en referencia a la multitud que se congregó ante la sede gubernamental y dificultó el trabajo y la salida de edificio de los funcionarios enviados por el juez.
Anulación de dos condenas
La organización ha solicitado la "inmediata puesta en libertad" de Sànchez y Cuixart, que eran entonces presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, las dos asociaciones civiles que llamaron a protestar por un registro judicial que había empezado a primera hora en la sede de Economía.
Las condenas de nueve años por sedición contra Sànchez y Cuixart "violan sus derechos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica", ha defendido Amnistía Internacional.
Por esa razón, Daniel Joloy, asesor general de Política de Amnistía Internacional, ha exigido la anulación de las condenas.
El director de Amnistía Internacional en España ha asegurado que los otros miembros del Govern condenados y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, "pudieron haber cometido algún delito penalmente sancionable" durante el procés, pero ha añadido que "se vulneró el principio de legalidad, de acuerdo con los estándares internacionales".
