El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, insiste en sus críticas al Govern y admite que el ejecutivo catalán ha reaccionado tarde a la hora de dotar al personal de las residencias de EPI, aunque ha señalado que este ha sido y es un problema global y no solo catalán.
La falta de material, además de incrementar el riesgo de contagio entre los residentes, hace que incorporar a nuevo personal resulte más difícil.
En declaraciones a Catalunya Ràdio, el conseller ha defendido este miércoles que en las residencias de mayores se vive una "crisis sanitaria" no "social", a causa de la COVID-19.
Compra centralizada
Además, ha criticado que "algunas decisiones han hecho que se alargaran procesos", en alusión velada a la compra centralizada por parte del Gobierno.
En este sentido, ha recordado que su Departamento acaba de realizar por su cuenta una compra por valor de cinco millones de euros, que debe sumarse a una anterior de aproximadamente 1,6 millones.
El material se distribuye entre los centros residenciales pero "la capilaridad" del sistema hace que no se vaya todo lo rápido que sería deseable.
Mortalidad en las residencias
También ha insistido en que los datos de mortalidad por COVID-19 en las residencias -1.123 personas según las últimas cifras del Govern- pueden tener "margen de error" y que hasta que no haya pasado esta emergencia no podrá saberse a ciencia cierta la magnitud del impacto.
El Homrani también ha explicado que una parte de los test que debe recibir la Generalitat se destinarán directamente a residencias, aunque no ha especificado en qué proporción.
Para poner en contexto la situación, ha indicado que en circunstancias normales fallecen unas 11.000 personas al año en residencias catalanas y que sus usuarios tienen una media de 84 años y presentan patologías previas o pluripatologías en el 90% de los casos.
