La diputada de Ciudadanos Sonia Sierra ha exigido a la Generalitat que retire a la Plataforma per la Llengua las subvenciones millonarias que recibe anualmente por considerar que se trata de una entidad "racista". Sierra ha denunciado que la plataforma presidida por Óscar Escuder, que desde 2013 ha recibido más de 4 millones de euros en ayudas públicas, actúa sobre todo "contra trabajadores que suelen ser inmigrantes y que desconocen el catalán".
"Arremeten contra negocios de Cataluña porque no les atienden en catalán", ha explicado Sierra, "y, sobre todo, contra los trabajadores de esos negocios que, por lo general, son inmigrantes que aún no hablan esta lengua". De ahí que desde Ciudadanos se considere que la Plataforma per la Llengua es "una entidad que muestra un racismo tremendo".
Sin concurso
A ello se suma el hecho de que el Govern, desde 2013, les ha otorgado subvenciones millonarias "sin concurso público". Según Sierra, esto obedece a que la plataforma se presenta como la única entidad que promociona el uso del catalán. "Dicen que su objetivo es la defensa del catalán pero la realidad es que lo único que hacen es perjudicar". Y ha puesto como ejemplo el hecho de que accedieran a los patios de algunos colegios catalanes, "engañando a directores y profesores", para averiguar en qué lenguas se expresan los menores en su tiempo libre e intentar forzarles a utilizar únicamente el catalán. "Ellos mismos lo han explicado como si fuera algo de lo más normal", ha lamentado Sierra, "y, además, pagado todo con dinero público. Es una vergüenza".
Para Sierra, es "curioso" que la misma entidad que se dedica a "señalar" a quienes no hablan catalán esté integrada en la mesa de la Oficina de No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona. Y se ha preguntado cómo definir que "los mismos que se dedican a señalar a inmigrantes estén dentro de una oficina que tiene que defender los derechos de esos inmigrantes".
La diputada, finalmente, ha exigido también a la Generalitat que retire a la plataforma la condición de "entidad cultural" que, además de permitirle acceder a las ayudas públicas, le otorga "ventajas fiscales que no deberían tener". "Nosotros", ha añadido, "vamos a seguir muy de cerca lo que hacen porque no es aceptable que acosen a la gente o espíen a los menores sin ninguna consecuencia".
