La Generalitat deniega el derecho a la información en los contratos y adjudicaciones de los centros de menores, que han pasado de percibir 90 millones de euros en 2010 a 147 millones en 2018, último año disponible, sin acreditar una justificación plausible de este fortísimo incremento del 63% en una época de recortes en Sanidad y Educación, con prórroga presupuestaria durante los últimos tres ejercicios.
Ciudadanos ha preguntado concretamente por información de cada uno de los centros de menores dirigidos por la Generalitat, incluidos pisos, residencias de atención educativa y de atención educativa intensiva, así como de los expedientes de adjudicación directa a cada una de las empresas, como Grup Asteroide 612 Juvanten, Aldees Infantils SOS Catalunya, Actúa SCCL y Grup Saguessa.
La formación naranja también ha pedido toda la información referida a los contratos de alquiler, memoria económica y la actividad de los centros gestionados por Font Fregona, la Fundació Acció Social Infància, la Fundació Plataforma Educativa, la Fundació EDUVIC, SCCL y Amalgama7 S.L.
En vez de una respuesta concreta a cada una de las cuestiones preguntadas por Ciudadanos, la Consejería de Trabajo y Asuntos, dirigido por Chakir El Homrani (ERC), ha respondido con evasivas para denegar la información. Todas las peticiones hacen al ámbito de contratación pública y la gestión de los servicios de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), cuyo exdirector Ricard Calvo dimitió tras salir a la luz sus incompatibilidades en el cargo. El que fuera exjefe de ERC en asuntos infantiles fichó en 2018 por Plataforma Educativa, que hasta entonces había recibido 100 millones de la Generalitat.
La Generalitat aduce protección del menor en un contrato público
Pese a que los diputados tienen reconocido el derecho al acceso a información, la Generalitat ha respondido que no hay "voluntad" de negar dicho ejercicio, pero no la ha dado en su respuesta oficial.
"Apostamos por un gobierno abierto y trabajamos cada día para garantizar la transparencia de nuestras actuaciones", ha asegurado la Consejería de Trabajo. Debido "a la naturaleza de la información requerida, la
su complejidad, su volumen y dado que solicitan los expedientes de contratación de los últimos cinco años de la DGAIA" -Ciudadanos ha pedido los últimos diez ejercicios-, la Consejería les emplaza a "concretar los expedientes", que les serían facilitados "en una reunión con los responsables del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias".
Otra de las cuestiones de la formación naranja enviada a la Generalitat era conocer la relación de todos los centros de menores de Cataluña, pero lejos de responder a la cuestión, el Govern facilitaba las cantidades destinadas a los mismos desde el año 2010 hasta el 2018, tal y como muestra la siguiente tabla.
Contra la ley de transparencia
Para tratar de guardarse la espalda, el Departamento de Chakir El Homrani asegurado que estos expedientes pueden "contener información relativa a menores de edad y, tal como marca la normativa vigente, debemos
garantizar la protección del honor, la dignidad, la intimidad y la propia imagen de los niños y adolescentes".
Para la Generalitat, "se trata de una práctica habitual en otras solicitudes de información de características similares realizadas por otros grupos parlamentarios". "Por ello, nos volvemos a poner a su disposición para concretar una reunión que permita poner a su disposición la información que consideren oportuna", zanja el Govern.
Sin embargo, el reglamento interno del Parlament establece que "las autoridades o la administración requeridas deben facilitar a los diputados, por vía electrónica, preferentemente, o en soporte papel, la información solicitada".
Además, la ley de transparencia obliga al Govern dar "acceso a la información pública" de forma gratuita "si los datos son consultados en el lugar donde se encuentran depositados, o bien si existen en formato electrónico, en cuyo caso deben ser entregados por correo electrónico".
A juicio de las fuentes parlamentarias consultadas por ElLiberal.cat se trata de una mera excusa. "Es como si al pedir contratos públicos de los hospitales se denegara el acceso basándose en la protección de datos de los pacientes", han afirmado.
La Generalitat sí ofrece, sin excusa alguna, los expedientes relacionados TV3 y otros organismos y entes públicos, tal y como ha respondido en otras ocasiones. Siendo estas adjudicaciones de centros de menores una de las excepciones.
