La Guardia Civil constató en un informe que el jefe de la Guardia Urbana de Molins de Rei, Jordi Molina, quien ha sido denunciado por acosar a dos agentes del cuerpo por ser constitucionalistas, como desveló El Liberal, utilizó de forma irregular la base de datos policial para vender coches de segunda mano por Wallapop. El documento del Instituto Armado ratifica los hechos por los que se abrieron diligencias en un juzgado número 2 de Sant Feliu de Llobregat, que se encuentran ahora mismo en situación de sobreseimiento provisional, a la espera de que sean aportadas nuevas pruebas

El informe vincula al menos 23 vehículos con el jefe de la Guardia Urbana de Molins de Rei y que las matrículas de la práctica totalidad de ellos fueron consultados en el sistema informático policial (NIP-SIP) de los Mossos d’Esquadra por el propio Molina o incluso por agentes a su cargo, por orden explícita de su superior, desde las instalaciones policiales de Molins de Rei días antes de venderse. Además, se pudo comprobar que los vehículos a los que se les consultó la matrícula habían sido ofertados en la página de compraventa por Internet, Wallapop, y que los datos de contacto de los mismos incluían el nick, el correo electrónico o el teléfono de Jordi Molina.

La Guardia Civil sostiene que hubo “una asiduidad y habitualidad por parte de esta persona (Jordi Molina) que se ha podido acreditar” y que concluye que hay “indicios de la realización de una actividad de compraventa de vehículos”. No obstante, los instructores del informe no consideran que las actividades paralelas de Molina supongan una infracción penal.

No se solicitó la compatibilidad para compra-venta de vehículos

Además, el escrito de los agentes de la Guardia Civil concluye que el jefe de la Guardia Urbana de Molins de Rei “no solicitó una compatibilidad para el desempeño de la actividad de la compra-venta de vehículos”, tal y como sería preceptivo al tratarse de un funcionario público. Los instructores del Instituto Armado confirman que Moljna sí que solicitó al Ayuntamiento de Molins de Rei la compatibilidad para ser abogado pero que su petición nunca fue contestada.

Según fuentes sindicales, la actividad del máximo responsable de la policía local de Molins de Rei, podría considerarse como “fraudulenta” porque supone “utilizar para la consecución de sus fines los propios medios que la administración pone a su alcance, pero para el ejercicio exclusivo de su cargo”, como sería el caso del teléfono móvil corporativo de Molina o la base de datos NIP-SIP.

Siguiendo la cronología de los hechos se comprueba que dos de los agentes a los que Molina había ordenado consultar las matrículas de los coches que tenía en Wallapop en la base de datos policial pusieron los hechos en conocimiento del Ayuntamiento de Molins de Rei en una carta dirigida al entonces alcalde de la ciudad, Joan Ramon Casals (PDCat), el 29 de noviembre de 2018. Solo unos días después, el 12 de diciembre de 2018, y tras tener conocimiento de la mencionada denuncia, el jefe de la Guardia Urbana solicitó una auditoría a los Mossos d’Esquadra (pese a que estaba de baja y por tanto no estaba legalmente habilitado para ello). Esta misma auditoria sirvió como base para abrir un expediente disciplinario y suspender de empleo y sueldo a los dos agentes que lo habían denunciado por ser constitucionalistas.

Si hay venganza, es contra los agentes

Esta cronología, convenientemente documentada, desmiente que los agentes suspendidos pusieron la demanda por las operaciones irregulares de su jefe en Wallapop antes de que se les abriera el expediente disciplinario y no después ni como venganza, como han publicado los medios de comunicación municipales. En caso de existir venganza, esta sería claramente a la inversa. De hecho, el propio Molina vetó a uno de los dos agentes en las elecciones sindicales por estos mismos hechos, con posterioridad a que se conocieran sus trapicheos en Wallapop y como destapó El Liberal.