El exconsejero Santi Vila ha entregado la escritura de su vivienda en los juzgados de Huesca para hacer frente a la fianza de 216.000 euros reclamados por el juzgado de instrucción número 3. Según la jueza, el expolítico se resistió a entregar las obras de arte del monasterio de Sijena.
Vila había pedido a la jueza incrementar en un mes el plazo para abonar la fianza, pero lo ha rechazado, según informa la ACN. El exconsejero ha tildado de despropósito esta cantidad "desproporcionada" tras recordar que el Gobierno de Aragón y la Fiscalía pidieron entre 4.000 y 5.000 euros de fianza. Sin embargo, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena reclamó una multa de 162.000 euros.
El exconsejero había pedido el amparo económico a la Generalitat, pero el Govern se desentendió del asunto. También había acudido a la Caja de Solidaridad creado por los independentistas para hacer frente a este pago, pero está considerado un botifler -traidor a la patria catalana- por no haber culminado el procés.
Desde esta caja de ayuda han salido este viernes 4,1 millones de euros hacia el Tribunal de Cuentas para hacer frente a nuevas fianzas por el 1-O.
Sijena desmonta la coartada de Vila
Vila fue consejero de Cultura con Carles Puigdemont al frente de la Generalitat y ha considerado que cumplió el mandato judicial al entregar las obras reclamadas por el Consistorio aragonés. Los letrados de la Generalitat consideraron que Vila no era competente para decidir esta entrega.
El abogado del Consistorio, Jorge Español, desmontó esta coartada a finales del pasado año, y acusó a Vila de desobediencia y usurpación de atribuciones judiciales. Una desobediencia que, según Español, fue "intensa y agravada" al negarse a cumplir los mandatos judiciales de forma activa.
El letrado ha recordado que Vila intentó evitar el cumplimiento de la sentencia del Juzgado número 1 de Huesca que obligaba a la devolución de las obras dictando "una resolución administrativa". Algo que, según Español, significaba que Vila se "autoeximía" de entregar las obras de arte. Obras que, de cualquier modo, tuvieron que ser finalmente entregadas a Sijena de forma forzosa en diciembre de 2017.
