Recientemente, un alianza entre distintos sindicatos nacionalistas catalanes , vascos y gallegos presentó en el Congreso sus dos principales reivindicaciones: frenar el “deterioro social” provocado por la reforma laboral e implantar el llamado “derecho a decidir” en sus respectivas comunidades autónomas. Dichas asociaciones (Intersindical-CSC, LAB, ELA, y CIG), que se refirieron a sí mismas como “representantes de naciones sin Estado”, se mostraron muy preocupadas por la deriva “españolista” del Estado, que a su modo de ver se concreta en el rechazo a la plurinacionalidad de España y al llamado “derecho a decidir”.
Estos objetivos habían sido fijados previamente en una declaración acordada el 5 de febrero en Bilbao en el marco de la cumbre “Agenda social y derecho a decidir”. En ella, las agrupaciones alertan sobre la “crisis” en la que presuntamente se encuentra el Estado español. Por un lado, destacan “el auge de la extrema derecha y el deslizamiento hacia el autoritarismo de buena parte del el arco político”. Por otro lado, denuncian la “inexistencia de una solución política en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación”.
Libertad para los “presos políticos catalanes”
Ante esta coyuntura, los sindicatos vindican lo que denominan “primacía de la política” para resolver los “conflictos nacionales que confrontan a nuestras naciones sin Estado”. Cumplir con este aspecto supone, según estas cuatro agrupaciones, acabar con la “judicialización de la política”, “poner en libertad a las y los presos políticos catalanes”, poner fin a la “política penitenciaria de excepción que se les aplica a las y los presos políticos vascos y gallegos” y, finalmente, reconocer el “derecho de autodeterminación”.
Cabe decir que dichas entidades no solo entienden el derecho a decidir como la prerrogativa para modificar las fronteras del actual Estado español, sino también como un método que permita ampliar los derechos de los trabajadores. De este modo, reclaman el “derecho a decidir en nuestro ámbito el modelo de relaciones laborales, pensiones y el sistema de protección social”. “Se debe reconocer”, aclaran, “el derecho a negociar las condiciones de trabajo en nuestros respectivos países, derogando las reformas que han dado alas a la estatalización de las relaciones laborales y, con ello, a dar más amplitud a la precariedad y a los bajos salarios”.
Y es que, a juicio de los representantes de estos sindicatos —entre los que se cuenta el exterrorista de Terra Lliure, Carlos Sastre, al frente de la Intersindical-CSC—solo desde una concepción nacionalista es posible avanzar en materia de derechos sociales. “Avanzar en democracia y soberanía”, razonan, “permitirá construir un espacio socioeconómico propio, con capacidad de decidir sobre nuestros recursos”.
Reclamaciones compartidas con CCOO y UGT
Aunque de índole aparentemente nacionalista, en Cataluña estas demandas no son exclusivas de los sindicatos secesionistas. Recordemos que tanto Comisiones Obreras como UGT han realizado en diversas ocasiones reclamaciones de corte similar. Sin ir más lejos, durante la última Diada ambos colectivos manifestaron en un manifiesto su “rechazo por el encarcelamiento de los líderes políticos catalanes y por el abuso de la prisión preventiva” y volvieron a “pedir su libertad, cosa que permitiría gestionar mejor la polarización de la sociedad catalana”. Asimismo, se declararon a favor del derecho a decidir “entendiéndolo como un derecho democrático que incluye todas las cuestiones individuales y colectivas que nos afectan, sociales, laborales y políticas”.
Dichas coincidencias no extrañan al profesor y expresidente de Convivencia Cívica Catalana Francisco Caja, uno de los intelectuales que más ha denunciado la filtración nacionalista en diversas capas de la sociedad, incluyendo la sindical. En conversación con El Liberal, Caja sostiene que los “sindicatos dicen defender los derechos de los trabajadores, pero en realidad defienden los derechos de aquellos que les pagan”. En este sentido, recuerda que estos organismos no se sostienen económicamente con los “pagos de los trabajadores” sino con “subvenciones públicas”.
También subraya que la afinidad entre los sindicatos y el nacionalismo obedece al plan de éste último por “ocupar todos los ámbitos de la sociedad, misión a la que se ha dedicado con paciencia y tesón desde hace décadas”. En último lugar, Caja señala la contradicción de que una “sensibilidad de izquierda tradicional como es la de los sindicatos defienda las ideas de sus enemigos de clase: Pujol o Torra son cualquier cosa menos miembros del proletariado”.
