La denuncia inicial de Ciudadanos y la personación de Vox como acusación popular han logrado que la Justicia inhabilite al presidente de la Generalitat, el independentista Quim Torra, por negarse a retirar los lazos amarillos que reivindican la libertad de los líderes del procés condenados por el referéndum ilegal del 1-O. La Junta Electoral Central (JEC) ordenó en diversas ocasiones a Torra que quitara los lazos de las instituciones de la Generalitat, algo a lo que el presidente se negó y que ahora le va a costar la inhabilitación por un año y medio para ejercer cualquier cargo público y el pago de una multa de 30.000 euros. La sentencia ha sido dada a conocer hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
TSJC condena a Quim Torra como autor "penalmente responsable" de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público. La inhabilitación, que tendrá una duración de un año y medio, será para cualquier cargo público electivo, "ya sea de ámbito local, autonómico, nacional o europeo". Tampoco podrá ejercer "funciones de gobierno" en los ámbitos local, autonómico o nacional. Torra, finalmente, deberá pagar las costas del proceso.
Tras la convocatoria de las elecciones generales de mayo, que tuvo lugar dos meses antes, Ciudadanos denunció ante la JEC la "presencia y exhibición" en los edificios públicos dependientes de la Generalitat de "símbolos" que tenían un claro significado político. A los lazos se sumaban pancartas, esteladas y diferentes eslóganes relativos a las formaciones independentistas. La JEC acordó el 11 de marzo requerir a Torra para que, en un plazo de 48 horas, ordenara la retirada de todos estos elementos. El presidente, según considera probado la sentencia, solicitó la "reconsideración" de la orden de la JEC, que el día 18 volvió a ordenarle lo mismo. En esa nueva orden, la JEC, además, pidió a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, que vigilara para que Torra cumpliera lo ordenado.
Orden a los Mossos
Un día más tarde, Torra pidió a la JEC aclaraciones sobre las dos órdenes y la suspensión del plazo que se le había dado para la retirada de la simbología independentista. En la misma jornada, la entonces portavoz del Govern, Elsa Artadi, anunció que no respetarían la decisión de la JEC. Pero, además, se cambiaron los lazos amarillos por otros de color blanco, que también fueron considerados por la JEC como inapropiados en periodo electoral. Finalmente, la JEC tuvo que solicitar al consejero de Interior, Miquel Buch, que diera órdenes a los Mossos para que fueran ellos quienes retiraran los lazos y el resto de elementos. Algo que sucedió ya el 22 de marzo.
Fue el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ) Carlos Ramos el que acordó enviar a juicio a Torra, por un delito desobediencia o alternativamente de denegación de auxilio, por no retirar en campaña los lazos amarillos de los edificios públicos.
Durante el juicio, que se celebró en el TSJC el pasado mes de noviembre, Torra admitió que había desobedecido las órdenes de la JEC por considerarlas "ilegales". El presidente llegó a decir que retirar los lazos amarillos era "un acto de censura". Torra también manifestó que le repugnaba la "judicialización de la política" y aseguró que los lazos deberían ser considerados "patrimonio común".
