El actual Gobierno ha negado en reiteradas ocasiones que en Cataluña haya un problema de adoctrinamiento escolar. La última vez tuvo lugar el pasado mes de abril en el Congreso, donde el Ejecutivo rechazó controlar los contenidos de los libros de texto porque implicaría “censura previa” y recordó que, “a día de hoy, no hay constancia de que se hayan producido quejas sobre esta cuestión”. Asimismo, la Generalitat ha negado siempre que tal adoctrinamiento exista y lo considera una mixtificación de la derecha española. Pues bien, el informe de 2019 del Defensor del Pueblo enmienda la plana tanto al Ejecutivo como al gobierno catalán: denuncia la violación de la neutralidad ideológica en los centros educativos catalanes y advierte a los profesores que no pueden utilizar las aulas para difundir sus ideas políticas.
En el dosier, que consagra dos páginas a este asunto, Francisco M. Fernández Marugán, relata que a lo largo del año pasado recibió continúas quejas, la mayoría en Cataluña, que denunciaban “adoctrinamiento” en las escuelas. Así, y “ante la evidencia de que en numerosos edificios públicos de Cataluña se venían exhibiendo con carácter ocasional o permanente símbolos, pancartas y propaganda de naturaleza política y partidista”, el Defensor del pueblo cuenta que en marzo de 2019 formuló al Departamento de Educación catalán el siguiente recordatorio: “Es un deber legal respetar la neutralidad ideológica en las fachadas e interior de los edificios públicos, pues la apariencia de imparcialidad es complemento necesario del deber de las administraciones públicas a que se refieren el artículo 103.1 de la Constitución española y el artículo 30.2 del Estatuto de Cataluña”.
La libertad de expresión no justifica el adoctrinamiento
A continuación, el informe recuerda que el sistema de educativo ha de configurarse de acuerdo con los valores y principios democráticos de la Constitución, “sin que la libertad ideológica, ni su concreción en las libertades de pensamiento y expresión, ni la libertad de cátedra puedan justificar actos de adoctrinamiento en el ámbito educativo”.
En este sentido, Fernández Marugán precisa que los miembros de la comunidad educativa deben respetar el proyecto y la programación, sin utilizar su pertenencia a esa comunidad para “finalidades y objetivos ajenos a los propios de las instituciones educativas”. “Cierto es”, remarca, “que los centros educativos no son ajenos al entorno en el que se encuentran, pero ello no justifica que se utilicen con mayor o menor intensidad para la promoción de ideas o posiciones políticas y con independencia de la legitimidad que estas puedan tener”.
La presencia de símbolos ideológicos, incompatible con la “neutralidad”
Finalmente, el Defensor del Pueblo reitera lo que ya expresó en septiembre de 2018, cuando hizo pública una declaración institucional en la que manifestaba que los poderes públicos deben respetar el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista. “Ello es incompatible con la presencia en los edificios públicos —máxime si dicha presencia es permanente— de símbolos propios de una ideología, el respeto a la cual debe cohonestarse con el respeto a las demás que concurren en una sociedad libre, abierta, democrática y tolerante”, sentencia el documento.
