El Consell per la República, la entidad paralela a la Generalitat que preside el fugado Carles Puigdemont, quiere poner en marcha un fondo financiero que permita a los independentistas seguir adelante con el procés fuera de las fronteras de España. La propuesta forma parte del plan de gobierno que acaba de lanzar Puigdemont y que contiene también el proyecto de creación de “servicios financieros” para quienes se hayan registrado en la web el Consell per la República.
En el documento, se alaban las virtudes de las herramientas digitales en “la esfera financiera”. En este punto, se hace especial alusión a las criptomonedas. Un tipo de divisas digitales que ya fueron utilizadas por el equipo de Puigdemont para pagar a Amazon y a Google, empresas clave para la organización del referéndum ilegal del 1-O, según publicó El Mundo en noviembre de 2017. Los bitcoins utilizados por los líderes del procés sirvieron, además, para financiar algunos de los dominios que empleó la Generalitat para llamar al voto.
Fuerza financiera
Ahora, el equipo del fugado Puigdemont vuelve a apostar por las criptomonedas y otros instrumentos digitales para intentar llevar a cabo proyectos como el del fondo financiero. Este fondo, según se explica en el plan, daría “estabilidad y fuerza financiera” a las estrategias encaminadas a materializar la supuesta república catalana. Aprovecharía para ello “la seguridad jurídica derivada del hecho de estar fuera de la jurisidicción española”.
Sobre los “servicios financieros” de los que podrían disfrutar los más de 80.000 inscritos en el Consell per la República, el plan se limita a anunciarlo como proyecto. Y añade que también se apoyarán iniciativas similares que “trabajen con el mismo objetivo de construcción de elementos financieros que contribuyan a la materialización de la república catalana”.
El plan de gobierno de Puigdemont, por otro lado, contempla la creación de un market place independentista que “promueva un tejido productivo” cuyos valores han de ser acordes a los de los promotores de la ruptura entre Cataluña y España. En este punto, el plan bendice, además, la campaña de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) conocida como Consum Estratègic y que persigue que los independentistas dejen de “depender de las grandes corporaciones del Ibex 35”.
Desde Waterloo, Carles Puigdemont buscará también la creación de una ciudadanía digital catalana. Ciudadanía que tendrá su propio documento de “identidad digital soberana”. Además, se promoverán “herramientas tecnológicas seguras y fiables” que, entre otros requisitos, deberán servir para garantizar la “fiabilidad de los procesos de votación y en las consultas y elecciones”.
Estrategia científica
Llama la atención, por otro lado, que el plan de gobierno de Puigdemont indique la necesidad de “dotar de una fundamentación intelectualmente robusta” a las “tesis básicas del proyecto independentista” y que permita “fortalecer su legitimidad”. Un nuevo reconocimiento implícito de que en el otoño de 2017 los líderes del procés no tenían en realidad un plan para concretar la independencia que, durante 8 segundos, declaró Carles Puigdemont. En este punto, los autores del plan proponen la creación de diferentes grupos de “expertos internacionales” que trabajen para que “la estrategia política del movimiento independentista y la toma de decisiones se lleve a cabo con una perspectiva lo más científica posible”.
Erigiéndose en “legítimo representante de la nación catalana”, el Consell per la República de Puigdemont pretende, finalmente, convertirse en actor internacional. Para ello propone contar con su propia red “diplomática” que trabajaría “de manera complementaria” con las embajadas abiertas por la Generalitat y contra las que España ya ha tomado diferentes medidas judiciales. Esta red, además, contaría con el apoyo de independentistas que quieran ejercer por su cuenta de representantes de la supuesta Cataluña independiente ante otros ciudadanos de la UE. Algo que el plan de Puigdemont define como propio de “estados que tienen una estrategia diplomática inteligente”.
