El magistrado que ha investigado en el Tribunal Supremo el desafío soberanista en Cataluña, Pablo Llarena, ha justificado la existencia de un delito de rebelión en las actuaciones desplegadas desde el 30 de marzo de 2015 por parte de la cúpula independentista encabezada por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras porque estos eran conscientes de que las movilizaciones podrían generar violencia en las calle, según indica el auto de procesamiento entregado a las partes este viernes.
"Es evidente que la minuciosa ideación de la estrategia con la que pretendía imponerse la independencia en el territorio, permite considerar que los principales responsables de estos hechos siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza", explica la mencionada resolución judicial.
"De este modo, el delito [de rebelión] que se analiza es plenamente exigible a quienes, conociendo el ineludible estallido social que resultaba ya inherente a los hechos, lo incorporaron a su actuación criminal y persistieron en realizar aportaciones esenciales que impulsaran el ilícito comportamiento que desplegaban", destaca Llarena en el auto.
En este sentido, Llarena recuerda que la movilización pública ya se contemplaba en el Libro Blanco de los independentistas, pero también en los primeros acuerdos soberanistas. La violencia era, resalta el magistrado, "un instrumento", algo que resulta acorde, completa el instructor, también con el impulso incesante de las movilizaciones, que se ha mantenido en estos años pese a la completa renovación de los responsables de cada uno de los grupos que han intervenido en el proceso, esto es, pese al relevo de quienes asumieron el empuje de la secesión en el Parlamento, en el Gobierno y en las entidades soberanistas a lo largo de dos legislaturas", indica la resolución judicial.
Llarena considera, además, que los hechos muestran que los cabecillas del 'procés' sabían que "el fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse". Y la persistencia en su "determinación criminal" pese a saber que habría violencia, tal y como habían alertado los Mossos d'Esquadra a los políticos independentistas, demuestra "su voluntad de incorporar la utilización de la fuerza al mecanismo para conseguir una secesión a la que no quería renunciarse", especifica el auto de procesamiento.
Sin embargo, prosigue en su narración el juez Llarena, Puigdemont y sus acólitos decidieron utilizar el "poderío de la masa para, con él, hacer frente a una actuación policial que sabían orientada a imposibilitar el referéndum" del 1-O, con la intención de el Estado "se rindiera a la determinación violenta de una parte de la población que amenazaba con expandirse".
