El regreso a Atenas de los inspectores de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI), previsto para principios de esta semana, se ha vuelto a retrasar porque el Gobierno griego todavía no ha aprobado todos los ajustes necesarios para cumplir los objetivos de déficit, ni ha puesto en marcha las reformas y privatizaciones comprometidas.
Los inspectores deben certificar si Grecia cumple las condiciones para recibir un nuevo tramo de ayuda urgente de 8.000 millones de euros, sin la cual Atenas no podrá pagar salarios y pensiones en octubre. El nuevo aplazamiento hará imposible que la asistencia se apruebe en el Eurogrupo del 3 de octubre, según ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj.
"Esperamos que el regreso sea pronto, pero no puedo anunciar ninguna fecha concreta", ha explicado Altafaj. En todo caso, ha asegurado que se han realizado "progresos significativos" en las negociaciones, especialmente durante la reunión del FMI en Washington el fin de semana, y que prosigue el trabajo "a nivel técnico".
"Los desafíos principales se encuentran en los agujeros presupuestarios para los años 2011 y 2012, pero también en la puesta en marcha de las reformas estructurales y los detalles sobre la puesta en práctica del plan de privatizaciones", ha señalado el portavoz de Asuntos Económicos.
El Ejecutivo comunitario "tiene en cuenta las necesidades de financiación del Estado griego", pero también de "las condiciones que deben cumplirse previamente antes de proceder al desembolso", ha insistido el portavoz. Y ha aclarado que la decisión de pagar la ayuda no exige una nueva reunión del Eurogrupo sino que podría hacerse por teleconferencia o procedimiento escrito.
El portavoz ha insistido que la UE no abandonará a Grecia y que una quiebra incontrolada o una salida de la eurozona de Atenas tendría graves consecuencias para el conjunto de Europa y para el resto del mundo.
La Comisión ha admitido que esta semana es "clave" para el futuro de la eurozona por el voto en los parlamentos de Alemania, Finlandia y Eslovenia de los nuevos poderes para el fondo de rescate de 440.000 millones de euros para los países endeudados. El Ejecutivo comunitario espera que el resultado sea "positivo" porque está en juego la estabilidad de la eurozona en su conjunto.
