Según consta en las cuentas anuales del supervisor bursátil correspondientes al pasado año, un total de 23 reclamantes (16 personas físicas y 7 jurídicas) formularon en el ejercicio 2010 una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la CNMV por su actuación en el caso Gescartera.

Además del importe exigido por daños morales, los reclamantes exigen a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 2,6 millones de euros más los intereses legales derivados de las pérdidas sufridas con Gescartera Dinero, intervenida por el supervisor en verano de 2001.

Asimismo, se encuentra pendiente de resolución por el Ministerio de Economía una reclamación patrimonial iniciada en 2009 en la que se solicita a la CNMV una indemnización de 135.000 euros por los daños sufridos con la exclusión de cotización de las acciones de una entidad el 31 de diciembre de 1996, así como por la supuesta omisión de los deberes de vigilancia y supervisión.

Con respecto a los recursos contenciosos administrativos contra la CNMV, la Audiencia Nacional desestimó el pasado año un recurso interpuesto por una antigua consejera de la comisión, que reclamaba una compensación económica equivalente a veinte mensualidades al cesar en su cargo, un total de 166.158 euros.

La Audiencia Nacional también desestimó en 2010 la indemnización de 105.064 euros que pedía un particular por unas operaciones con warrants emitidos por Societe Generale en 2001, con lo que tras esas resoluciones, actualmente no existen procedimientos pendientes en la Audiencia con posibles repercusiones económicas para la CNMV.

En cuanto a los recursos de casación ante el Tribunal Supremo contra sentencias de primera instancia desestimatorias de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la CNMV, el alto Tribunal ha desestimando tres de ellos relativos a la actuación de supervisión de la Comisión en relación con Gescartera y uno con AVA Asesores de Valores, en los que se reclamaba 6,5 millones.

A cierre de 2010, los recursos de casación que se encuentran pendientes de admisión a trámite o de resolución judicial suponen un importe total reclamado de 42,2 millones euros y 101.647,6 dólares (unos 73.856 euros).