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El más reciente Estudio General de Medios que se realiza en España muestra un dato tan curioso como espeluznante.  EL 55,9% de las personas encuestadas (de un universo extrapolable  de 39.485.000 individuos) no asiste a las salas de cine. El 44% restante asume ir alguna vez. La más alta de ellas en un promedio de cinco veces al año, que son los más, con un 14%. En contrapartida, este sea probablemente el sector de la cultura más subvencionado por el Estado.

En el año 2010, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, presentó un presupuesto de 789,3 millones de euros, una cifra  que entraba en el Plan de Revisión del Gasto de la Administración General del Estado para 2011-2015, y que fue aprobado por el Gobierno el pasado 20 de mayo.

De ese total de 789,3 millones de euros, 495 millones fueron destinados a los diferentes organismos públicos, repartidos de la siguiente forma: 161,9 millones al Instituto Nacional de Música y Artes Escénicas;  106,5 millones al Instituto de la Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA). El resto, se repartía entre la  Gerencia de Infraestructuras con 90,3; el Reina Sofía con 49,6; el Museo del Prado con 43,9 y  la Biblioteca Nacional de España 42,8 millones de euros.

En otras palabras, para una actividad cuyo impacto como industria cultural es prácticamente insuficiente se destinaron 268, 4 millones de euros,  tres veces más que lo que se dispone para dos de los museos más visitados de toda España: El Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  Y si a eso se suman las ayudas extraordinarias de 3,8 millones y 2,8 millones de euros al cine probadas a último minuto y de manera extraordinaria en los boletines del Estado más recientes, el asunto luce, al menos sospechoso.

Subvenciones y otras trampas

En noviembre de este año, el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) puso en marcha una serie de expedientes contra Cines Emergentes, S.L, responsable de la gestión de los cines Luchana de Madrid, por un presunto falseamiento de los datos de taquilla.

Desde la época de Ignaci Guardans, se tenía conocimiento de estas práctica fraudulentas –la recaudación en taquilla es un requisito para la obtención de subvenciones. Sin embargo, las pruebas resultabas insuficientes.

Al mando de Carlos Cuadrado, el procedimiento se puso en marcha, exactamente el 22 de noviembre con la publicación oficial en el BOE de la apertura de un expediente según el cual  los cines Luchana no han recogido dichas irregularidades. Queda abierta entonces para la entidad un plazo estipulado para presentar la documentación.