Josep Antoni Durán i Lleida también le confirmó este martes a Rajoy que CiU se abstendrá en la votación de investidura. Es un gesto de buena voluntad en el arranque de la nueva legislatura que encuentra su lógica en la intención de los nacionalistas catalanes de no quedarse fuera de juego en Madrid y, por otra parte, de seguir teniendo el favor del PP en Cataluña, donde Artur Mas gobierna en minoría.

Pero lo más importante que sacó ayer en claro Rajoy de la reunión con Durán es la plena disposición nacionalista a avalar el grueso de las reformas económicas que el Gobierno empezará a poner en marcha a partir del próximo día 23. Este será un Consejo de Ministros de “reconocimiento”, en el que, según fuentes del PP, el futuro presidente emitirá un mensaje claro: plena autoridad para el vicepresidente económico y política de máxima austeridad en todos los departamentos ministeriales. En la siguiente reunión del Consejo, la del 30 de diciembre, llegará el primer gran tijeretazo al gasto a través de un real decreto que ya está siendo ultimado por el equipo económico, a la espera de evaluar todos los datos actualizados sobre las cuentas públicas que ha trasladado al PP el Ministerio de Economía.

A pesar de que cuenta con una holgada mayoría absoluta, para Rajoy es muy importante contar con el respaldo de CiU a la reforma laboral, a la creación del banco que absorberá los activos inmobiliarios de las entidades privadas y a los duros recortes presupuestarios que están por llegar. El apoyo a todas estas reformas le fue adelantado ayer por Durán, así como la decisión de CiU de abstenerse en la investidura, paso que será sometido en breve a la ejecutiva de la coalición nacionalista. El PNV se decantará en breve por la misma posición para no cerrarse ninguna puerta en Madrid, en un momento delicado para el nacionalismo vasco dada la fuerza con la que ha emergido Amaiur.

 La luna de miel que se prestan a vivir el próximo Gobierno y CiU en la nueva legislatura no será el equivalente a un pacto de legislatura, ya que Artur Mas mantendrá viva la reclamación de casi 760 millones de euros que el Ejecutivo cesante deja como deuda a la Generalitat, a partir de los compromisos que contiene el Estatuto catalán para la inversión en infraestructuras. Como a esta petición se le suma la reivindicación del llamado ‘pacto fiscal’, el margen de CiU para atarse de pies y manos al PP en Madrid es muy estrecho. De ahí que lo que ambas partes han puesto sobre la mesa sea un pacto como el del Majestic, pero de perímetro más reducido ya que la complicidad solo alcanzará al ámbito económico.

En plena campaña electoral, Durán recordó que gracias al acuerdo que permitió a Aznar acceder al Gobierno en 1996, se consiguieron mejorar las infraestructuras catalanas e, incluso, se forzó la supresión de la ‘mili’.

De momento, lo que el PP le ha dado a CiU en esta ocasión son dos puestos en las Mesas del Congreso y el Senado, además de dos presidencias de comisiones parlamentarias. Las contrapartidas se extenderán pronto a la presencia nacionalista en los organismos reguladores.