No habrá banco malo a nivel general. Así se desprende del discurso de investidura de Mariano Rajoy. Sin embargo, cualquiera que sea el instrumento que determine el nuevo gobierno para digerir los activos tóxicos del sistema financiero será financiado por el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG), cuya bolsa (en marzo serán 3.000 millones) de capital se finiquitará con la aportación al proceso de venta de la CAM al Sabadell. Para evitar que la reestructuración financiera se pague con dinero público, ya hay fuentes del sector que manejan que el FDG podría financiarse con parte del préstamo de 150.000 millones de euros que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha realizado a favor del Banco Central Europeo (BCE).
Según estas fuentes, esta ayuda externa se tendría que hacer "en la lógica de un préstamo a un tiempo determinado, pero siempre sustentado por el sector financiero. Nunca con ayudas públicas". "Esa debe ser la contraprestación a la cesión de soberanía y el nuevo marco fiscal europeo que se ha alcanzado en la última cumbre", prosiguen estas mismas fuentes.
Otras fuentes conocedoras de este proceso explican que esta operación de ayuda internacional, que los mercados no interpretarán como una intervención, se formularía a través de un préstamo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al Fondo de Garantía de Depósitos para así poder acometer el coste de la reestructuración financiero.
Precisamente, la financiación y la fórmula final a emplear en este mecanismo de compra de los activos tóxicos inmobiliarios es el gran debate que están sosteniendo los grandes banqueros con el equipo económico de Mariano Rajoy.
Presidentes como Emilio Botín (Santander), Isidro Fainé (CaixaBank), Ángel Ron (Popular) o Jaume Guardiola, consejero delegado del Sabadell, se han mostrado públicamente contrarios a la creación de un 'banco malo' que aglutine la toxicidad de todo el sector. A cambio propugnan la misma solución que se ha planteado en la subasta de la CAM. Un vehículo, a través de un esquema de protección de activos sufragado por el FDG, para cada entidad inviable que concluya indefictiblemente en la venta de esta entidad.
Dilatar las provisiones contra las minusvalías inmobiliarias
Por contra, los presidentes de la gran banca han expuesto a Rajoy otras fórmulas para que estas entidades no tengan necesidad de acudir a ninguna fórmula de banco malo. Entre estas opciones están la posibilidad de alargar en el tiempo la dotación de las provisiones necesarias por las pérdidas de los activos tóxicos inmobiliarios o llevar estas minusvalías contra reservas, en vez de contra resultados, práctica actual. Entre los grandes defienden que aumentar la presión en el calendario de dotaciones, como se ha venido efectuando en los últimos meses por parte del Banco de España, no ayuda a poner en el mercado los activos inmobiliarios.
"Es difícil que un mismo vehículo aglutine todos los activos (suelo, pisos, oficinas, locales comerciales...) de la banca porque cada uno tiene una valoración diferente. En algunos casos, la valoración generará pérdidas con respecto a su valor en libros. Es ahí donde se verá qué entidad puede soportar esas minusvalías con su balance y cuáles no. Esas deben ser absorvidas por el sector para crear un conjunto de entidades solventes, fiables y rentables", aseveran desde el sector.
Precisamente, algunos analistas y bancos de inversión mantienen que el debate sobre el banco malo puede acelerar que se haga público el nombre de alguna entidad no viable, más allá de las que actualmente están nacionalizadas o intervenidas (Unnim, Banco de Valencia, Novagalicia o CatalunyaCaixa). Para ello, reclaman al Banco de España que "le entregue al Gobierno el mapa financiero solvente" para así poder realizar toda la reestructuración en los seis meses de plazo que ha anunciado Rajoy.
