El Gobierno tecnócrata italiano de Mario Monti espera aprobar hoy de manera definitiva mediante una cuestión de confianza en el Senado, como ya hizo en la Cámara de los Diputados, el plan de ajuste presupuestario por un valor de 30.000 millones de euros. Monti pidió hoy la confianza en la Cámara Alta para acelerar lo que definió como un "decreto ley de extrema urgencia".
El uso de las llamadas cuestiones de confianza es una estrategia muy utilizada por los Ejecutivos italianos para acelerar las aprobaciones de las leyes, ya que permite saltar el debate de enmiendas y el parlamentario.
Se repetirá así el mismo procedimiento del pasado 16 de diciembre, cuando el decreto ley que contiene el plan de ajuste fue aprobado por la Cámara de los Diputados con 402 votos a favor, 75 en contra y 22 abstenciones.
Como en aquella ocasión, ya han anunciado su voto contrario los senadores de la Liga Norte y de Italia de los Valores (IdV) que lo consideran poco equitativo.
Durante el debate en el Senado, volvieron a producirse las protestas por parte de los miembros de la Liga Norte y el presidente de la Cámara Alta, Renato Schiffani, tuvo incluso que decretar tres días de suspensión a Fabio Raineri, quien había mostrado ayer carteles con la frase "Gobierno ladrón".
Entre las medidas que contiene el plan están un retraso de la edad de jubilación (a 62 y 66 años en 2012 para mujeres y hombres) e introduce además nuevos gravámenes como el impuesto de bienes inmuebles sobre la primera vivienda, que había eliminado el Gobierno de Silvio Berlusconi, aunque ante las presiones se ha introducido exenciones de hasta 600 euros para las familias con hijos.
Otra medida prevista es la de subir dos puntos el IVA, del 21 al 23 %, a partir de septiembre de 2012, en el caso de que sea necesario", y se tasarán con un 0,4 % los capitales evadidos que pudieron ser regularizados durante el mandato de Berlusconi gracias a una amnistía fiscal promovida por su Ejecutivo, aunque en 2012 y 2013 esa tasa será del 1 % y el 1,35 %, respectivamente.
El plan ha recibido además fuertes críticas de los sindicatos, que consideran que pesará sobre los sectores más débiles de la economía y por ello convocaron la pasada semana una huelga de tres horas.
