La última reforma de la ley que regula el conflicto de intereses en los altos cargos del Gobierno data de 2009 y tiene tantos agujeros que permitió a la ex ministra de Cultura Ángeles González Sinde intentar legislar sobre los derechos de autor a pesar de tener intereses personales y familiares directos en la industria del cine. La conocida como ‘ley Sinde’ quedó finalmente aparcada por otros motivos, pero en ningún momento la interesada planteó su inhibición, a pesar de las presiones ejercidas por los internautas.
Sobre el papel, la ley dicta que "quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público". En la práctica, la ex ministra Sinde campó a sus anchas pese a haber sido presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y también del sindicato de Autores Literarios de Medios Audiovisuales.
El nuevo titular de Economía, Luis de Guindos, acaba de cesar como consejero del Banco Mare Nostrum (BMN), fruto de la fusión de Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedés y la balear Sa Nostra. Las competencias que ha asumido en Economía le convierte en el principal artífice de la reforma del sistema financiero, tarea en la que podría encontrarse con problemas imprevistos si alguna víctima de sus decisiones recurre ante la Justicia y denuncia un conflicto de intereses amparado en la legislación vigente. De Guindos ha dimitido también como consejero de Endesa y de Unidad Editorial antes de estrenar cartera.
En la etapa de Gobierno de José María Aznar, la inhibición en la toma de decisiones gubernamentales estuvo a la orden del día. Ex ministros como Ana Birulés o Josep Piqué se apartaron en su día desde los Ministerios de Ciencia y Tecnología e Industria de expedientes relacionados con Gas Natural y la televisión digital. La primera había sido antes de llegar al Gobierno consejera de Retevisión y el segundo había trabajado para el grupo químico Ercros.
Miguel Arias Cañete también se apartó en la etapa de Aznar de iniciativas gubernamentales relacionadas con la denominación de origen de los vinos de Rioja o la regulación de los toros de lidia, debido a los intereses empresariales de su mujer. En esta ocasión, ha vuelto a acceder a la cartera de Agricultura después de haber ejercido como abogado de oficio en Jerez y de haber sido miembro del consejo asesor de Bao and Partnes Siguives Internacional, firma de cazatalentos y de la petrolera Ducar. Algunas decisiones que incumben al medio ambiente, área que entra dentro de sus nuevas competencias, podrían requerir también su inhibición.
Pero el caso más claro y que presenta menos dudas es el del nuevo titular de Defensa, Pedro Morenés, quien para acceder al cargo ha tenido que abandonar su puesto de presidente para España de la multinacional MBDA, dedicada a la comercialización de misiles. También ha trabajado como responsable de Segur Ibérica, la sociedad concesionaria de la seguridad de los atuneros españoles que faenan en el Índico. Morenés también cesó recientemente en la empresa Instalaza, después de la polémica suscitada por la venta desde España de bombas racimo. El principal encargo que tiene el nuevo titular de Defensa consiste en renegociar la deuda contraída por el Ministerio con las empresas de armamento por las compras de material efectuadas desde la etapa anterior a la llegada de Carmen Chacón al departamento.
En el ojo del conflicto de intereses puede situarse también el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, teniendo en cuenta que algunas de sus decisiones futuras pueden tener que ver con el patrocinio deportivo o la medición de audiencias. Wert acaba de abandonar la presidencia de Kantar Media, firma dedicada precisamente a estos cometidos.
