Un estudio publicado por FUNCAS sugiere "exámenes de fin de nivel" al terminar la ESO y acabar con la "elevadísima" rotación de plantillas docentes de los centros públicos, si se desea que el profesorado se comprometa con su proyecto educativo y conozca su entorno social. Son reformas apuntadas por los sociólogos Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez en el último número de la revista Cuadernos de Información Económica de la Fundación de Cajas de Ahorros, titulado genéricamente "Deberes para la próxima legislatura".

Plantean la transparencia en los resultados académicos de los centros y que éstos informen del rendimiento de cada alumno confrontado con el del resto de matriculados, el de otras escuelas y los niveles regionales o nacionales.

"Una mayor información -interpretan- mejorará la capacidad de elección de las familias, que hoy han de confiar en indicios como la composición social del centro, reforzando así la segregación (de alumnos) por origen social y nacional".

El nivel y la calidad de la "competición" entre los centros públicos y privados concertados debería aumentar con medidas como "equiparar" la financiación pública por alumno.

"De este modo -explican los expertos-, ya no tendrían sentido las cantidades extra que aportan las familias en los centros concertados, reduciéndose así la segregación por origen social entre la red pública y la concertada".

El atractivo de un centro se fundamentaría entonces más en la calidad académica que en la composición social del alumnado, según los autores, que defiende el "cheque escolar" como modelo de vincular elección y financiación de centro.

"Con más rendición de cuentas, autonomía y competición entre los centros, se configuraría algo parecido a un mercado de la educación, con resultados positivos", especialmente para los centros públicos, que serían elegidos o no por su oferta educativa fundamentalmente.

En caso de exceso de demanda de plazas escolares, habría que limitar, apuntan, el criterio de cercanía del domicilio familiar al centro y ampliar la extensión de las zonas de escolarización.

Reforzar la autonomía de los centros públicos debería servir para retener a los enseñantes, poder elegir a los que cumplan los requisitos y rechazar a los que no rindan lo suficiente.

También echan en falta procedimientos "sensatos" de supervisión y evaluación del profesorado de la educación pública que tengan "consecuencias" reales, pues son "casi inexistentes" hasta ahora por ser funcionarios, además de señalar carencias pedagógicas en el de secundaria.

Los autores, que arremeten contra las repeticiones, son favorables a la detección temprana de las dificultades de aprendizaje, que deben ser tratadas con los refuerzos educativos pertinentes cuanto antes.

Contra el abandono, se decantan por una transición más flexible entre ESO y secundaria postobligatoria, basada en determinadas materias cursadas y calificaciones obtenidas. Esto "se puede combinar con exámenes de fin de nivel centrados en determinadas asignaturas", apostillan.