La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha valorado este martes de forma positiva la propuesta realizada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el sentido de estudiar la supresión de la inhabilitación procesal del mes de agosto con el fin de agilizar la Administración de Justicia. Jueces para la Democracia considera sin embargo que la iniciativa es "incongruente" y ha sido poco meditada.

El portavoz de la AMP, Pablo Llarena, ha señalado a Europa Press que esta asociación siempre ha acogido de forma favorable la posibilidad de que no existan vacaciones judiciales en agosto, así como otras medidas de agilización como la celebración de los juicios por la tarde.

No obstante, advierte que la puesta en marcha de la propuesta conllevará la reestructuración de los servicios y otras actuaciones, como cambios en la planta judicial. Cree que problemas como el hecho de que, por encontrarse de vacaciones, la ausencia de abogados o testigos retrasen las vista pueden ser solventados también con nuevas organizaciones en los despachos.

Para José Luis Ramírez, portavoz de JPD, la medida es "incongruente" y ha sido "poco meditada" porque la justicia a día de hoy sigue funcionando en agosto en los procedimientos penales y para otras actuaciones de tipo urgente, ya que los tribunales pueden habilitar dicho mes si lo consideran oportuno.

"Si lo que se pretende es dar la sensación de que durante el mes de agosto todo se para y que ahora hay que seguir trabajando hay que pensar en las repercusiones", ha añadido Ramírez en declaraciones a Europa Press. Según el portavoz de la asociación progresista de jueces, de aplicarse esta medida los abogados no se podrían coger vacaciones y aparecerían otros problemas, como es que las citaciones de testigos o peritos no pudieran complementarse.

Según ha señalado el nuevo ministro de Justicia durante su intervención en la toma de posesión de altos cargos de su departamento, deben "modificarse costumbres que no son compatibles con una cultura competitiva", como es la inhabilitación procesal del mes de agosto "que tenía sentido por razones históricas" y que es algo que hay que revisar para avanzar en la agilización de los procedimientos.